Organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, integrantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, presentaron una denuncia penal para que se investigue la infiltración que hizo la Policía Federal en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, donde recabó cuantiosa información sobre las actividades de los movimientos sociales y gremiales.

Américo Alejandro Balbuena, el agente infiltrado durante una década, dijo ser periodista mientras revistaba como policía federal. Ello le permitió sostener vínculos con distintos referentes y militantes de partidos políticos, y de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos. Incluso pudo realizar entrevistas dentro de los domicilios particulares de varios de ellos.

Entre los afectados que se presentarán como denunciantes, están los dirigentes del Partido Obrero Gabriel Solano y Néstor Pitrola, así como el ex presidente de la Fuba y actual consejero superior de la UBA, Alejandro Lipcovich. Pero la actividad de inteligencia abarcó a un gran número de dirigentes populares y partidos políticos.

La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Sergio Torres. El fiscal interviniente en la causa es Carlos Stornelli. Se solicitó al juez que se precise la fecha en la que Balbuena inició su tarea de espionaje, su ámbito de actuación y las tareas que le fueron asignadas por sus superiores. También se pidió que se informe el número y ámbito de actuación de todos los agentes de inteligencia a cargo de la Policía Federal.

Un día antes de esta denuncia, el gobierno le inició una investigación sumaria a Balbuena y lo pasó a “disponibilidad preventiva”. Pretenden desvincularse de la acción del agente, pero Américo Balbuena no actuaba por cuenta propia: revistaba como oficial de inteligencia de la Sección de Reunión de Datos de la División Análisis de la Policía Federal.

Este nuevo caso de inteligencia, esta vez de la Federal, se suma a la actividad de Gendarmería a través del Proyecto X. Queda al desnudo que la inteligencia interna hacia los partidos políticos y movimientos sociales no constituye una excepción sino una regla, ordenada y defendida por el “gobierno de los derechos humanos”.

La extensión temporal del espionaje amplía la responsabilidad a los ministros del Interior y de Seguridad previos a Garré, como Aníbal Fernández.