El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia le pide al juzgado que se dé mayor celeridad a la causa.

 

El 17 de junio, a 39 años de la desaparición de Alberto Ledo, por la cual se acusa al ahora ex jefe del Ejército, César Milani, organismos de derechos humanos y partidos políticos nucleados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ), presentaron un amicus curiae -amigos de la causa- en el juzgado federal tucumano a cargo del juez Daniel Bejas, en procura de dar mayor celeridad a la causa.

 

La causa se encuentra detenida en una maraña de intereses y peleas entre los operadores judiciales -juez y fiscal- que confluye en el resultado final: mantener la impunidad del genocida Milani, quien además actúa sembrando pruebas falsas.

 

El fiscal Carlos Britos sólo imputó a Milani por falsedad del acta de deserción de Ledo que él mismo elaboró, pero se negó a seguir investigando la posible participación del jefe del ejército en el asesinato del ex conscripto. El juez Bejas rechazó esa imputación y ordenó que se continúe la investigación, lo que fue apelado. La causa está congelada en la Cámara de Apelaciones desde diciembre del año pasado.

 

Graciela Ledo; Enrique Fukman, de AEDD; Liliana Alaniz de Apel; Diana Kordon, de Liberpueblo; Alejandrina Barry y Cristina Cabib, de la Comisión de Homenaje de Madres de Plaza de Mayo Quilmes, fueron recibidos por el juez Bejas, quien se mostró a la defensiva y como víctima de un ataque. Desde el despacho del juez, se oían cánticos e intervenciones de la fuerte movilización que acompañaba esta actividad exigiendo la inmediata destitución y procesamiento de César Milani.

 

También fueron recibidos por el fiscal general Antonio Gómez, apartado de la causa de manera irregular por el propio Bejas. Gómez señaló su disconformidad con su apartamiento, y subrayó que las pruebas contra Milani son abrumadoras.

 

Daniel Blanco, dirigente del PO Tucumán, denunció la decisión del gobierno nacional de introducir a las fuerzas armadas en la política interna nacional como factor de contención y control social cuando el pueblo trabajador ha demostrado que no va a aceptar pasivamente que le hagan pagar la crisis capitalista.

 

Por la tarde se hizo un acto en el Colegio de Comercio de Monteros, lugar donde estaba montado el campamento Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja, donde fue visto por última vez Alberto.

En esa ocasión la senadora del Partido Obrero de Salta, Gabriela Cerrano, dijo que “este día es muy importante porque marca la necesidad de que avance en nuestro país la lucha contra la impunidad de ayer y hoy. La negativa de llamar a indagatoria a Milani, quien participó del Operativo Independencia, mantiene en total impunidad toda una parte del genocidio que se cometió sobre nuestro pueblo” y llamó a asistir a la segunda audiencia pública “Basta de impunidad. El responsable es el Estado”. Se realizará el 8 de julio en la plaza Independencia de la capital tucumana.

Liliana Alaniz, de Apel, denunció que las dilaciones en el expediente tienen clara vinculación con las maniobras de encubrimiento del Estado nacional, lo que va de la mano de su intención de volver a dar a las fuerzas armadas el protagonismo que habían perdido durante todos estos años de lucha de los organismos de derechos humanos y partidos políticos de izquierda. “No es que no existan pruebas, no hay voluntad política de investigar”, terminó Alaníz, recordando que el obrar genocida se inició antes del golpe del 76 con el accionar de bandas paramilitares y el Operativo Independencia, del que Milani formó parte.

 

A pesar de que se intentó dar un carácter institucional al acto (por parte de autoridades presentes, funcionarios de las secretarias de derechos humanos de La Rioja y Tucumán y el intendente de Monteros), los discursos pronunciados fueron muy críticos.

 

Por la destitución de Milani. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.