A raíz de un corte de vías realizado a la altura de la Estación Santillán y Kosteki (Avellaneda) del Ferrocarril Roca en diciembre pasado, la Justicia de Quilmes envió citaciones a trabajadores ferroviarios que reclamaron la reincorporación a sus puestos de trabajo en la empresa Trenes Argentinos luego de cuatro años de retiros compulsivos y despidos bajo el macrismo.

El juez Luis Armella se propone indagar a los compañeros Leandro Provenzano, Martín Monje, Diego Restituto y Walter Espinoza. También fue citado Ariel Chávez, delegado despedido de la tercerizada MCM, quien junto con otros seis delegados de esa firma obtuvo fallos de reinstalación en primera y segunda instancia de la Justicia laboral, pero la empresa se niega a acatar.

Todos ellos están acusados del delito de “entorpecimiento de los servicios públicos”, un tipo penal aplicado contra un reclamo laboral por el cual los trabajadores recurrieron a todas las áreas del Estado con responsabilidad en la situación: las empresas, los ministerios de Trabajo y de Transporte, y la Justicia.

Este intento de criminalizar la lucha de los ferroviarios se aplica contra el reclamo de reincorporación de los despedidos bajo el macrismo, que varios sindicatos estatales declaman -aunque no los del ferrocarril, que durante esos cuatro años compartieron la gestión integrados al directorio de Trenes Argentinos.

El juez Armella es quien en diciembre de 2010, dos meses después del asesinato de Mariano Ferreyra, ordenó la detención y el allanamiento de las viviendas de cuatro compañeros del Partido Obrero. Fue tras un corte de vías en reclamo del cumplimiento de resoluciones ministeriales de reincorporación y pase a planta de los tercerizados, las cuales no se llevaban adelante por presión de la burocracias de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.

En aquella oportunidad, la causa penal la promovió Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte de Cristina Kirchner, preso hoy por su responsabilidad en la Masacre de Once. El propio Armella fue impunemente sobreseído por el Consejo de la Magistratura, tras su defraudación al Estado con la contratación de empresas de sus familiares para obras de saneamiento en el Riachuelo, en un expediente que dependía de su juzgado.

Estos corruptos no pueden juzgar a los trabajadores. ¡Llamamos a la más amplia solidaridad con los perseguidos por luchar! ¡Inmediato sobreseimiento de todos los compañeros!

A 10 años del asesinato de Mariano, ¡reincorporación, pase a planta y encuadramiento en el convenio ferroviario de todos los despedidos!