Procesan a los piqueteros

Persecucion a la abogada Mara Puntano

El mismo día en que la Corte Suprema de Justicia dispuso la libertad de Carlos Menem, el juez Abel Cornejo dispuso el procesamiento de 26 piqueteros de General Mosconi por el corte de ruta y el enfrentamiento con la Gendarmería, el pasado 17 de junio, cuando fueron asesinados Santillán y Barrios, y fueron heridos más de treinta trabajadores. Los piqueteros están acusados de «impedimento del transporte terrestre, sedición, abuso de armas, resistencia a la autoridad e instigación a cometer delitos». El juez retiró un mes atrás el cargo de «asociación ilícita», lo que permite que los piqueteros queden en libertad.


Al mismo tiempo, la abogada Mara Puntano, defensora de los piqueteros, ha sido denunciada por el mismo juez Cornejo ante el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados por «haber puesto en riesgo la seguridad de un defendido», el discapacitado Edgar Cabrera, quien denunció ante la doctora Puntano haber sido torturado para fraguar una declaración en la que se denunciaba que todos los líderes piqueteros estaban armados. El juez también la acusa de haber difundido secretos de sumario. De conjunto, la ofensiva de la «Justicia» puede llevar a la pérdida de matrícula de Puntano y su proscripción del foro. Sobre la base de esta denuncia, a la abogada le ha sido sustraída la defensa de varios de los dirigentes piqueteros de General Mosconi.


El cerco legal sobre los activistas y la abogada revela hasta qué punto el gobierno Romero (PJ) (del que el juez Cornejo es un acólito) no ha abandonado para nada su política de persecución. Con municipios quebrados en los que viven trabajadores que no cobran desde hace tres meses, con una deuda que ha crecido en forma geométrica en los últimos cinco años y ha hipotecado literalmente la provincia (fondos de coparticipación y regalías petrolíferas), con una vanguardia obrera que se está desplazando políticamente hacia el clasismo y la independencia obrera; con todo este cuadro de situación, el gobierno del PJ no tiene otra política que apelar a la Gendarmería. En el propio Norte de Salta todos los viejos problemas están planteados. De las fuentes de trabajo que se plantearon para el departamento San Martín luego de la pueblada de junio, la construcción de gasoductos (a través de empresas concesionarias de las petroleras) emplea menos de 100 personas (llamarían a 200 en enero); las tareas sísmicas a 500; la forestación a un puñado, y los microemprendimientos (una iniciativa común de la Secretaría de Empleo de la Nación, el Credicoop, las Apyme y el obispado, con la promoción política de IU), nada. Los desocupados suman varios miles.


Reclamamos la libertad de Luis «Hocico» Cruz, el único piquetero preso hoy en Salta, acusado por un corte anterior. Desprocesamiento a los luchadores, cese de la persecución a Mara Puntano.

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