Familiares autoconvocadxs de personas privadas de libertad se manifestaron en Tribunales II, en Córdoba Capital, donde presentaron este viernes una medida autosatisfactiva.

Desde el comienzo de la pandemia no se han garantizado las más mínimas condiciones de bioseguridad y derechos para las personas privadas de libertad. Con los contagios de coronavirus en ascenso en la provincia, de no tomarse medidas la situación en las unidades penitenciarias puede ser aún más grave.

En la jornada de ayer (jueves 17) se realizó una concentración en Tribunales. Previamente, el pasado miércoles, familiares habían reclamaron una mesa de diálogo al Centro Cívico de Río Cuarto, donde hasta hace 48 horas atrás se contabilizaban 50 personas privadas de libertad contagiadas. El brote allí ha sido de entera responsabilidad del servicio penitenciario, e incluso hay denuncias de que integrantes del servicio penitenciario realizaron una fiesta privada que detonó contagios masivos.

La responsabilidad del Estado en los contagios salta a la vista, toda vez que el servicio penitenciario no ha cumplido con el más mínimo protocolo de bioseguridad. Incluso hay testimonios de uniformados que dan cuenta de que los jefes están al tanto de contagios, y sin embargo no toman medidas.

Es el caso de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), en donde la situación es dramática y ha motivado una huelga de hambre de las personas en cautiverio. Uniformados declararon a Rebelión: “todos sabemos que a Jefatura no le interesa nada, más que escucharnos decir que está todo sin novedad”. Además señalaron a Matias Ceballos y Edgar Arroyo, el director y el jefe de seguridad de la UCA, como responsables por los contagios en el establecimiento.

Pero la cadena de responsabilidades va más allá. El poder judicial y el Ejecutivo son responsables de que se hayan agravado las condiciones de detención. De esta manera, las unidades carcelarias son verdaderos centros de tortura.

En este marco, familias y organizaciones antirepresivas vienen organizando colectas y protestas. Reclaman que se atienda a los grupos de riesgo, dando las prisiones domiciliarias y las morigeraciones de penas que recomiendan la ONU, la OMS y el Tribunal de Casación Penal, entre otros; y que se realicen los hisopados urgente a toda la población penitenciaria.

Asimismo, demandan que se ponga en funcionamiento la carpa sanitaria instalada en la cárcel de Bouwer; que el Servicio Penitenciario deje de trasladar internos infectados (para dejar de espacir el virus); y que se atiendan de forma urgente las condiciones de salubridad de las personas privadas de su libertad, aplicando inmediatamente todas las medidas protocolares ante el coronavirus. Es también fuerte el reclamo para que se deje de reprimir a lxs internos que se manifiestan.

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