El “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, conocido popularmente como “ciberpatrullaje”, comenzará a implementarse en Argentina e integrará a las cuatro fuerzas federales.

Este protocolo constituye un nuevo avance sobre las libertades democráticas, excusado el poder ejecutivo en la situación excepcional de la pandemia Covid-19, bajo la fundamentación de atender al desarrollo de la criminalidad vinculada a la comercialización de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; a la venta de presuntos medicamentos en referencia al Covid-19 , y al desarrollo de indicios relativos a los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal (vinculados a la violación a la cuarentena y poner en riesgo la salud).

Pero acto seguido incluye un párrafo que transforma en abarcativo de toda actividad en redes que pueda interpretarse vinculada al delito incluyendo el “terrorismo“, término incluido a través de las leyes antiterroristas sin definición precisa.

Es tan abarcativo el espionaje de las “redes abiertas”, entendiendo a esta toda publicación con acceso público y no privado, que el mismo decreto incluye el relato de los principios de racionalidad y proporcionalidad que deberían aplicarse en cualquier normativa. Y declara que cuidarán de no implicar una afectación a la libertad de expresión garantizada por los estándares elaborados por sus respectivos órganos jurisdiccionales de aplicación ( lo que dependerá en última instancia del juez federal actuante).

Si bien se deja afuera a todos las áreas de inteligencia criminal y personal de inteligencia para su aplicación, transforma a la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina en un servicio de monitoreo de inteligencia, bajo la Secretaria de Seguridad y Política Criminal.

Se puede aplicar a las tareas de investigación criminal que realizan los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, como órganos auxiliares de la justicia, en tanto sean compatible con las instrucciones que impartan los magistrados.

Inmediatamente del anuncio del ciberpatrullaje, antes de su aprobación, en el mes de abril, tuvo como resultado inmediato dos claros ejemplos de su implicancia; la detención e inicio de causa por intimidación pública a un joven que luego de postularse al Ingreso Familiar de Emergencia y ser rechazado por la Anses lanzó a modo de broma por twitter: “Che qué onda los que no cobramos el bono de 10 mil pesos, sigue en pie lo del saqueo no?”. Y la orden del juez federal de Morón Néstor Barral de la realización de veinte allanamientos por utilización de redes sociales que estarían “llamando a saquear”.

Esto constituye un claro ejemplo de la finalidad y motivación del presente decreto que, dejado de lado en su momento ante la creciente insatisfacción y estado de desconformidad ante las carencia económicas y la cuarentena, ahora se han apurado a decretar y legitimar su aplicación.