En su defensa ante el escándalo desatado por las revelaciones de espionaje estatal contra trabajadores de Kraft, la ministra Garré argumentó, en una conferencia de prensa, que la Gendarmería no cargaba datos sobre el software de Proyecto X desde 2009.

Sin embargo, Cristina Caamaño (ex fiscal en la causa de Mariano Ferreyra y actualmente una de las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad) acaba de elevar una solicitud al juzgado de Norberto Oyarbide, donde se tramita la denuncia por espionaje, para que los juzgados puedan acceder nuevamente a los archivos de dicho proyecto para la prosecución de algunas de sus causas. Esto revelaría que la base de datos de Proyecto X siguió ampliándose después de 2009 y, por lo tanto, que el espionaje sobre luchadores y opositores políticos no sólo existió, sino que continúa.

Mientras tanto, en estos días se iniciaría una pericia sobre el Proyecto X, que incluye entre los peritos a un miembro de la Secretaría de Inteligencia, lo que abre un enorme campo para que el gobierno altere el escenario de pruebas que lo comprometen.

El kirchnerismo tiene una larga tradición de espionaje ilegal a los luchadores y movimientos populares. En los ‘90, los K fusionaron el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) con la Side en Santa Cruz, que se dedicó durante veinte años al espionaje sistemático de las huelgas docentes, de los trabajadores petroleros y de los luchadores ambientales, lo que sirvió para la judicialización de la lucha social.

Llamamos a realizar una gran movilización por el juicio y castigo a los responsables de este Proyecto y por la anulación de la ley anti-terrorista.