El 12 de abril finalizó la acusación de la Fiscalía y comenzó el alegato de la querella que integran a la Comisión Vesubio Puente 12, Cels, Hijos Jujuy y Facultad de Filosofía de la UBA, realizada por el abogado Pablo LLonto  en el juicio “Puente 12 III (tercer tramo)” que se realiza en Comodoro Py.

La denominación del juicio se refiere al Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Puente 12, denominación que simplifica el nombre División Cuatrerismo1​ / Brigada Güemes por el lugar de su emplazamiento. Ubicado en un lugar estratégico de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, la intersección de Ruta Provincial 4 y Avenida Ricchieri. El lugar era administrado por el Batallón de inteligencia 601 dependiente  del Estado Mayor del Ejército. Además del Batallón 601 y de la Policía provincial destinada allí, actuaron la Side, Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina.

El lugar de emplazamiento fue cuidadosamente seleccionado, ya que se encuentra en La Matanza, uno de los mayores municipios del conurbano y en los años setenta, era el asentamiento de un polo fabril metalúrgico entre los más importantes del país y fue protagonista de las luchas de las  “Coordinadoras Fabriles” organizadas por las comisiones internas y delegados metalúrgicos.

Estas “coordinadoras”  impulsaron y protagonizarán la huelga general de junio-julio de 1975 contra el “Rodrigazo” que sepultó el gobierno peronista y aceleró la organizaciٚón del golpe militar de marzo de 1976.  Este centro clandestino en tiempos de “democracia” fue el más antiguo en funcionamiento y fue un centro de entrenamiento de las fuerzas represivas, una escuela de tortura, asesinato y desaparición de opositores al gobierno de Isabel.

La tortura y el exterminio del golpe del 76 empezó durante el gobierno peronista de 1973-1976

Ese lugar funcionó desde 1974 como centro de interrogatorio  y exterminio, miles de secuestrados pasaron por el lugar. El juicio “Puente 12 III” es el tercer tramo de los anteriores que se iniciaron en 2017 sobre los crímenes perpetrados en el lugar y se ha realizado gracias al incansable trabajo de sobrevivientes y familiares organizados en la “Comisiٚón Vesubio Puente 12” sus investigaciones y testimonios son la base de este juicio.

En esta oportunidad prestaron testimonio 185 personas entre familiares y sobrevivientes que permitieron dar una amplia visión de la tortura, vejación, abusos, asesinato y desaparición de militantes de organizaciones populares realizados en ese lugar.

El juicio descubre el ocultamiento del plan criminal desplegado en el gobierno de Isabel Perón, de persecución, tortura, asesinato y desaparición de la oposición polِítica al gobierno de Juan e Isabel Perón, actividades que fueron presentadas con el rótulo de la “guerra contra la subversión”.

Esta actividad criminal e ilegal comenzó con las Tres A, con la intimidación y asesinato de políticos, estudiantes y sindicalistas opositores. Entre quienes se encuentran el secuestro y asesinato de Miguel Angel Bufano y Jorge Fischer, militantes de Política Obrera -nombre que tenía el Partido Obrero antes de 1983-, delegados de la fábrica de pinturas Miluz el 13 de diciembre de 1974.

El alegato devela el ocultamiento de los crímenes de la lucha “contra la subversión”

Durante el alegato de la querella se describió el accionar del aparato represivo desde 1974 con los crímenes cometidos en Puente 12. Entre ellos el ocurrido el 1 de mayo 1975, reflejando el testimonio aportado, del secuestrado en un acto en las cercanías de la avenida San Martín y avenida Crovara de  cuatro militantes de Política Obrera. Que son detenidos por personal de civil de los servicios de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Encapuchados son trasladados a la Brigada de San Justo. Y luego llevados a Puente 12, donde fueron interrogados con torturas y apremios sobre sus actividades, luego de ser mantenidos en ese centro hasta que fueron “legalizados” en una comisaría de Villa Madero. Todo esto con la complicidad del aparato político y judicial durante la “democracia”. Que para esos días funcionaba en un “ensayo” masivo a nivel nacional de lo que el golpe militar habría de institucionalizar pocos meses después.

Los juicios a 49 años de las actividades criminales de las fuerzas armadas y de seguridad enfrentan al plan de ocultamiento de sus responsabilidades

A casi 50 años de perpetrados los crímenes por las fuerzas represivas muestran todas las atrocidades cometidas y la continuidad de la  búsqueda de los familiares de las víctimas el destino de los miles de desaparecidos. El derecho a la “verdad” sobre lo hecho con los cadáveres sigue vigente y es el reclamo de mantener sin alterar el lugar donde se han cometido los crímenes y que se sospecha se encuentran los restos.

Los juicios como el de Puente 12 muestran la criminalidad de la “guerra” impulsada por militares que, orgullosos, dicen haber ganado. Fue una actividad de exterminio de la oposición política al gobierno peronista y luego a la dictadura militar. La lucha por los derechos humanos y el esclarecimiento de “dónde están los desaparecidos”  fue uno de los reclamos decisivos en la caída de la dictadura y que sigue vigente.

La enorme movilización del 24 de marzo demuestra que la memoria de los crímenes de la dictadura genocida siguen vigentes como lo revelan los familiares y sobrevivientes en el juicio de “Puente 12” que impulsan las condenas por los crímenes cometidos.

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