El matrimonio presidencial y el juez supremo Lorenzetti han salido en banda a denostar una supuesta política de “puerta giratoria” de la Justicia. Los Kirchner reclamaron el endurecimiento de la aplicación de la ley y la presidenta dramatizó, increpando a los jueces que “liberan y liberan” a pesar de que la policía “detiene y detiene”.

La realidad es que cárceles y comisarías están atestadas de detenidos en condiciones infrahumanas, entre el 60 y el 80% de los cuales no ha sido sometido a juicio. Entre 1992 y 2008, el encarcelamiento creció un 150% (de 63 a 156 personas cada 100 mil habitantes), tendencia que se acentuó en la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Scioli.

Funcionarios admiten que un tercio de los detenidos finalmente resulta absuelto. Eso sí, después de arruinarles la vida tras una temporada en el infierno penitenciario.

La ofensiva presidencial desató una crisis política con el poder judicial y con Scioli.

Entre los “supremos”, Zaffaroni y Argibay denostaron duramente las declaraciones de los Kirchner, mientras la Cámara de Casación salió a ratificar los criterios de excarcelación, destacando que la prisión preventiva sólo debe aplicarse ante peligro cierto de fuga u obstrucción del proceso.

Este choque refleja, de un lado, un respaldo del “gobierno de los derechos humanos” al aparato represivo y, del otro, la descomposición imparable del régimen montado por los K.