De no haber mediado la ‘dura’ sentencia del tribunal, el juicio por el asesinato de Cabezas probablemente habría terminado en un escándalo nacional. Acusadores y acusados se ciñeron a un libreto que dejaba de lado los ‘puntos oscuros’ de la investigación de la ‘bonaerense’ y de la instrucción. Esto buscaba evitar la ‘politización’ del caso, como habría ocurrido si se citaba a declarar a sus grandes protagonistas: Menem, Duhalde, Cavallo, Kohan, Corach y la mayoría de los directivos del grupo Exxel, reciclados del yabranismo.

Por esto se impuso un giro a la hora de fallar, con la finalidad de garantizar lo fundamental: evitar que se investigue a los ejércitos ‘privados’ de los grandes capitalistas y a la poderosa maquinaria de la ‘bonaerense’, y -no menos importante- evitar una mayor devaluación de la vapuleada institución ‘judicial’.

Un democratizante como el ex-ministro Arslanian, con vasta experiencia en estas lides, lo dijo sin medias tintas: se trata de un “punto final” al caso (La Nación, 3/2). Es decir, se ha salvado a las verdaderas mafias, a cambio de la prisión de unos ‘pinches’, desahuciados por sus mandantes.