¿Qué sabe el Ministerio de Defensa sobre los archivos de la dictadura?

Apel

-Exclusivo de internet

Martín Tomás Gras, sobreviviente del campo de concentración de la Esma, quien fuera secuestrado en enero de 1977 y que en su estadía en dicho campo se viera obligado a realizar diversas tareas de archivo, declaró el jueves 18 de agosto en el juicio contra integrantes del Grupo de Tareas 3.3/2, que funcionaban en la Esma.

Su declaración cobró vital importancia porque brindó importantes precisiones sobre dónde se encontrarían los archivos que guardan uno de los más importantes secretos de la dictadura: el destino de los más de 5.000 detenidos desaparecidos que pasaron por ese centro de exterminio.

Martín Tomas Gras es, en la actualidad, el director del “Plan Nacional de Derechos Humanos”, designado directamente por Cristina Kirchner, por lo cual su aseveración de que en el Servicio de Inteligencia Naval pueden existir registros de los desaparecidos, no puede tomarse como una afirmación vana. Luis Zamora, en representación de la querella que representa a familiares de las víctimas de la Iglesia Santa Cruz, y Myriam Bregman, en representación de Patricia Walsh y Justicia Ya!, solicitaron que se allanen en forma urgente los lugares indicados, medida elemental, que sería dispuesta en cualquier juicio común. Llamativamente, esta petición no fue acompañada por la fiscalía ni por las otras querellas en el juicio. El Tribunal Oral Federal 5 rechazó la medida propuesta con argumentos formales.

Los sucesivos gobiernos han ocultado los archivos de la represión y, en cada oportunidad que se presenta, el Poder Judicial rechaza el reclamo de familiares, víctimas y organismos de derechos humanos, ante la solicitud concreta de allanamientos y búsquedas.

La declaración de Gras contradice la publicitada desclasificación de los archivos del Servicio de Inteligencia Naval (decreto 4/2010 firmado por Cristina Kirchner), que -según se dijo- mostraría que los archivos de las desapariciones fueron destruidos y sólo existen los registros del personal sin legajos.

Exigimos la apertura irrestricta de todos los archivos que el Estado posea y medidas efectivas de búsqueda para dar con los que puedan estar en manos de los represores.