Esta semana, y sin que ninguna de las partes lo hubiera solicitado, el Tribunal Oral Federal N° 2 pidió la televisación de algunas audiencias a través de la página web del Centro de Información Judicial, el organismo de difusión creado por la Corte Suprema.

Según las resoluciones vigentes, esa posibilidad está limitada al inicio del juicio, alegatos y lectura de sentencia en su parte dispositiva y fundamentos. Así ocurrió, por caso, en el juicio por el homicidio de Mariano Ferreyra.

Las defensas pidieron que se reviera la medida. Plantearon básicamente el mismo argumento: que los testigos citados para las próximas sesiones podrían ver lo que dijeran los demás, y que eso podía condicionar sus declaraciones. Es claro, sin embargo, que el problema no pasa por los testigos, sino por quienes la defensa llama "demandados", y que se trata, en realidad, de imputados. Algunos funcionarios menos conocidos pero igualmente responsables -como Antonio Luna- no quieren que sus rostros se popularicen.

El abogado Gregorio Dalbón también solicitó que no se trasmitieran las audiencias, mostrando a esta altura que, como querellante, es un buen defensor de los imputados.

El fiscal Fernando Arrigo tuvo una posición intermedia y ambigua: se mostró a favor de la televisación, pero aclarando que en algunos casos podría ser conveniente que se hiciera en diferido. Nos preguntamos: ¿cuáles son las televisaciones que incomodan al fiscal que se hagan en directo, ¿serán los alegatos o la lectura de sentencia?

Dos de los grupos de querellantes, los que encabezan los doctores Leonardo Menghini (tío de Lucas, uno de los fallecidos en el accidente) y Martín Moral, pidieron que se mantuviera la televisación.

Este debate dejó en claro los bandos: las defensas y la querella de Dalbón de un lado, y las querellas de Leonardo Menghini y Martín Moral del otro, sosteniendo la responsabilidad de todos los imputados.

Estas dos querellas también deberán soportar solas todo el peso de la acusación -ello, a juzgar por el papel de la fiscalía, la cual refleja mayor empatía con los funcionarios imputados que con las víctimas.

Está claro que la causa de Once reposa más que nunca en la movilización popular para quebrar la impunidad.

Claudia Ferrero (Apel)