Este lunes 18 de marzo fueron condenados Raquel Blas y Roberto Macho, secretarios generales de la CTA Autónoma Mendoza y de ATE Mendoza respectivamente, a tres meses de prisión en suspenso por un corte en las puertas de la Casa de Gobierno en 2016.

En un juicio dominado por la arbitrariedad y la falta de pruebas, las encargadas de esta farsa fueron la jueza penal Miriam Moltó y la fiscal correccional Gabriela Cobos, ambas influenciadas por el Ejecutivo provincial.

Cobos tiene un amplio historial impulsando causas iniciadas por el gobierno de Alfredo Cornejo contra activistas y luchadores en la provincia. Entre ellas, fue quien imputó a los legisladores del Frente de Izquierda y solicitó su desafuero por una manifestación en el marco del Paro General del 6 de abril; así como la encargada del procedimiento que reprimió a los docentes mientras realizaban un plenario de la gremial SUTE en junio del 2018, que incluyó la imputación de varios dirigentes. También fue la encargada del desalojo a distintas familias campesinas en el departamento de Lavalle en 2018.

La fiscal ha defendido en reiteradas ocasiones la utilización del artículo 194 del Código Penal, que establece penas “contra quien impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes” y servicios. Según las palabras de Cobos, para el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza “no importa” si hay vías alternativas, si no se genera ningún peligro común, si no hay un perjuicio concreto y ni siquiera si se trata de un corte, una movilización o una concentración. En la represión a los docentes, la fiscal sostuvo que “Les ofrecimos un lugar alternativo para la asamblea”, en referencia a la propuesta del Poder Ejecutivo de hacer la asamblea en la explanada de casa de gobierno.

Por el lado de Miriam Moltó ocurre algo parecido. La jueza, que estuvo en la mira por otorgar la probation del Juez Gustavo Estrella, gravemente acusado por violencia de género (infringiendo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) y por liberar al conductor ebrio que atropelló y mató a Camila Pérez, fue también quien rechazó el pedido de sobreseimiento de los docentes imputados por la toma del terciario Tomas Godoy Cruz, contra el cierre de carreras.

Estos historiales evidencian que los procesos judiciales en marcha son parte de una campaña represiva general, con especial saña en la izquierda y el sindicalismo combativo.

Nada de esto es nuevo, considerando la utilización política que ha hecho el Ejecutivo del Ministerio Público Fiscal a través del hombre de Cornejo, el Procurador Alejandro Gulle. El gobierno radical, que se presenta como “republicano”, se vale del Poder Judicial para avanzar en un reforzamiento represivo, con el objetivo de hacer avanzar su política antiobrera de tarifazos, recortes salariales y liquidación de conquistas laborales.

 

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