El abogado Oscar Igounet -defensor de Guillermo Uño, uno de los patoteros detenidos por el crimen de Mariano- recusó a los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21. Su objetivo es obtener la postergación del juicio que debe comenzar el 6 de agosto para, de ese modo, lograr que Pedraza llegue en libertad. La estrategia de la defensa busca curarse en salud y lograr, en caso de que Pedraza y los suyos sean condenados, que permanezcan libres hasta que la Corte Suprema ratifique esta condena, lo que puede demorar años. En el caso de Pedraza -un septuagenario-, ese tiempo puede significar el resto de su vida.

Quién es el abogado Igounet

El abogado Igounet asumió la defensa de Uño en reemplazo del ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid, que actualmente se encuentra acusado de actuar como intermediario entre Pedraza y los jueces de la Cámara de Casación en el intento de soborno para obtener la libertad de Uño y del resto de los patoteros detenidos al comienzo de la investigación. Igounet fue además quien introdujo en la causa al perito Locles, procesado hace pocos meses por intentar alterar la bala que mató a Mariano. Igounet es, ante todo, un operador de la burocracia: las escuchas judiciales revelan que reportaba directamente a Juan Carlos Fernández -mano derecha de Pedraza- sobre los avances de las investigaciones.

Negociaciones

La ofensiva de la burocracia para obtener la postergación del juicio oral tiene lugar en el marco de las activas negociaciones que mantiene con el gobierno. Pedraza proclamó su apoyo a la candidatura de Caló desde la cárcel de Ezeiza, con lo que se sumó al operativo oficial de copamiento de la CGT. Por otra parte, los personeros de la burocracia ferroviaria permanecen atornillados en sus puestos de funcionarios de la Secretaría de Transporte. Precisamente, hace pocas semanas, el ministro Randazzo y el Subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna (UF), recorrieron juntos los talleres de Escalada. Toda una ratificación pública de Luna, pieza clave en el esquema que derivó primero en el crimen de Mariano y luego en la masacre de Once. En la misma línea, el gobierno premió a los empresarios de Ugofe con el manejo de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento, tras el desplazamiento de los Cirigliano. Para completar el cuadro, Ugofe acaba de sancionar arbitrariamente -con 29 días de suspensión y bajo apercibimiento de despido- a Jorge Hospital, dirigente de Causa Ferroviaria, compañero de lucha de Mariano y cabeza de la oposición a Pedraza en la línea Roca.

La Unión Ferroviaria se convirtió en un botín preciado tras el derrumbe del pedracismo. Hacia allí apunta esta acción combinada de la burocracia, el gobierno y los empresarios.

Pruebas contundentes

El recurso presentado por Igounet es un escrito maloliente, en el que se sostiene que toda la causa está originada en un “episodio de violencia social, instigado por grupos de activistas y organizaciones vinculadas a la violencia”. Por el contrario, las pruebas acumuladas contra Pedraza, contra los matones y contra los policías resultan contundentes. Las escuchas judiciales -a las cuales las querellas pudieron acceder recién la semana pasada (ver recuadros)- las profundizan. En ellas están reflejadas sin cortapisas la connivencia entre funcionarios, la burocracia de la UF y La Fraternidad y los empresarios; el cobro de “peajes” económicos y hasta sexuales para el ingreso a la planta ferroviaria, en los que participan Pedraza, Luna y “El Gallego” Fernández; el papel de Pablo Díaz en el reclutamiento de los matones y el apoyo jurídico y material que la burocracia suministra a Favale; las conversaciones entre Pedraza y el agente de la SIDE José Riquelme para coimear a los jueces de Casación.

El Partido Obrero se movilizará ante todas las instancias que resulten necesarias, para que esta maniobra dilatoria de la burocracia sea rechazada y para que el juicio a Pedraza comience el 6 de agosto, como estaba previsto.