Una joven de treinta años, afectada por la leucemia, diabetes y un retraso madurativo, denunció (junto a sus familiares) que el jueves 20 de abril fue abusada sexualmente por policías de la comisaría séptima de la localidad Quilmes, ubicada en Malvinas Argentinas y Pampa, en la Villa Iapi, Bernal Oeste.

“La víctima relató que tras entablar conversaciones con dos oficiales de turno, estos la llevaron hasta una cama donde la habrían violado varias veces” (Emisora Medeiro Dreymar, 6/5).

Según describe en su denuncia, la mujer fue subida a un coche y llevada a un departamento próximo a la comisaría, donde “la hicieron bañarse y lavarse los dientes. Y luego le dieron pastillas y volvieron a abusar de ella junto con otras dos personas que vivían en el mismo edificio. En total serían cuatro atacantes” (TN, 28/4).

Exámenes médicos forenses efectuados por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (Ufij) número 8, a cargo de la investigación del caso, constatan “lesiones en la zona vaginal y anal compatibles con un ataque sexual”.

La causa está en manos del fiscal Alejandro Ruggeri, caratulada como abuso sexual con acceso carnal, e interviene en la misma Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. Mientras los sindicados, al momento de redactar este artículo, continúan libres. Del mismo modo, la fiscalía tampoco tomó medidas como el allanamiento de la seccional policial.

Lo sucedió el 20 de abril en la séptima de Quilmes no es un suceso aislado de unos agentes díscolos o loquitos, a los “que se le fue la mano”. Lo demuestra la acusación efectuada por una joven de 22 años, de la localidad de Tigre, quien en marzo del año pasado se apersonó a una comisaría para denunciar maltratos por parte de su novio. Terminando sufriendo abusos por parte de un oficial policial.

El silencio del poder político, comenzando por la intendenta peronistas-kirchnerista Mayra Mendoza, el gobernador justicialista Axel Kicillof y el secretario de Seguridad (a cargo de la Bonaerense) Sergio Berni, juegan el papel de sellar la impunidad.

Ni una menos, el Estado es responsable. Es urgente la desafección de los policías denunciados y toda la cúpula de la seccional. Que la investigación del caso sea desarrollada por “Asuntos Internos”, de la misma fuerza, corre serio riesgo de quedar en la nada.

A cuarenta años de democracia las violaciones en las comisarías, que se suman a abusos de autoridad, maltrato, represión y gatillo fácil, demuestran que la maldita bonaerense nunca se ha ido. Cambiaron nombres de figuritas de la burocracia del Estado, pero su accionar se conserva.

Fuera Berni. Es tiempo de desmantelar el aparato represivo, y crear una nueva fuerza de seguridad ciudadana, bajo control de vecinos, organizaciones de DD.HH. y trabajadores de las barriadas.

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