El 20 de octubre de 2004, en la Comisaría 1a de Quilmes estaban festejando el ascenso del comisario Juan Pedro Soria a comisario inspector. En la celda Nº 1 estaban, pero no festejando, 17 menores, amontonados. Como se quejaban de las condiciones de detención y hacinamiento, los oficiales inspectores Gustavo Avilas y Fernando Pedrería armaron un grupo de uniformados que entró al calabozo y, a golpes de bastón, desnudaron a los pibes y los sometieron a cuantos vejámenes se les ocurrieran. Después anunciaron: “ahora se quedan tranquilos, que después de cenar volvemos”.

 

Después de la tercera golpiza del día, se inició un fuego en la celda contra las rejas. Los policías de guardia dejan pasar 20 minutos antes de abrir y sacar a bastonazos a los pibes, algunos gravemente quemados. Los trasladaron a la cocina, donde los siguieron golpeando. Con móviles policiales los trasladaron a diferentes hospitales u otras comisarías. El mismo Soria supervisaba las golpizas y el traslado.

 

De los 17 menores, siete entraron a terapia intensiva, gravemente intoxicados y quemados. Cuatro murieron en los días sucesivos.

 

El comisario Soria, pasado a disponibilidad después de estos hechos, fue reincorporado a los seis meses. Hace 15 días fue ascendido a comisario inspector jefe de la DDI de San Miguel, ascenso frenado por estos hechos.

 

Se puede apreciar aquí en qué consiste la nueva Bonaerense de Arslanián.

 

En este momento existen entre 12.000 y 13.000 menores privados de su libertad, alojados en comisarías, institutos y “centros de rehabilitación”. Sólo el 10% tiene causas.

 

El Partido Obrero y la UJS de Quilmes, juntamente con otras organizaciones, hemos realizado una movilización a los Tribunales de Quilmes el 21 de abril. Denunciamos la complicidad del gobierno de la provincia (Solá, Arslanián) y pedimos la separación del fiscal Nieva, quien dijo a los familiares que “algunos golpes estaban bien dados”.