La decisión de la Cámara de Apelaciones de disponer la prisión preventiva a César Arakaki y Dimas Ponce constituye un nuevo ataque al derecho a la movilización y a la protesta contra el plan de ajuste oficial, a días de otra enorme movilización popular, esta vez en ocasión del día de la Mujer Trabajadora.



Esto salta a la vista si se tiene en cuenta el carácter contradictorio del fallo. Ante la ausencia de pruebas, la Cámara Federal de Apelaciones se vio obligada a revocar varias de las acusaciones por las que nuestros compañeros habían sido primero detenidos y luego procesados por el juez Sergio Torres. Desapareció así la figura de “intimidación pública” como también la acusación de “lesiones graves” contra un policía, restringiéndose el procesamiento a “lesiones y atentado contra la autoridad”, dos figuras que incluso en el caso de una hipotética condena, tendrían muy probablemente una pena en suspenso. En el mismo fallo se desestimaron las figuras impulsadas por el fiscal Moldes relativas al pretendido “atentado al orden constitucional y a la vida democrática”, con el cual se paseó durante varios días por los medios de comunicación.



A su vez, el fallo de la Cámara de Apelaciones crea el antecedente peligrosísimo de aplicar la prisión preventiva en causas que se siguen por delitos menores y con penas excarcelables. El argumento usado para justificar semejante atropello no es menos antojadizo. Se señala que Arakaki y Ponce podrían usar su libertad para “obstaculizar la investigación”, aunque la propia Cámara no puede citar ni un solo caso en el cual nuestros compañeros hayan realizado, en el último mes que estuvieron en libertad, alguna acción de obstrucción a la instrucción en curso. La decisión está basada en el prejuicio, o lo que es lo mismo, en el desconocimiento de los hechos. Incluso frente a esta injustificada y antojadiza preocupación por preservar una etapa investigativa que César y Dimas jamás han obstruido, existen otros recursos que no son el de la detención en un penal, y que ya ha sido usado en la causa, como ser la preservación parcial del expediente bajo secreto de sumario.



A partir de lo expuesto queda en evidencia que la decisión de dictar la prisión preventiva a Arakaki y Ponce debe ser caracterizada como una acción de amedrentamiento a todos los luchadores populares que enfrentan el plan de guerra de Macri contra los trabajadores y el pueblo. Es una amenaza para que no se repitan jornadas de movilización masiva como la que el pasado 18 de diciembre enfrentó la política de saqueo jubilatorio llevado adelante por el gobierno.



En esa oportunidad Arakaki y Ponce soportaron una brutal represión y, como tantos otros, defendieron el derecho a permanecer en la Plaza Congreso, que pretendió ser vaciada por la fuerza para amedrentar a los trabajadores movilizados.



Los abogados del Partido Obrero apelarán este nuevo ataque al derecho a la movilización, ante los tribunales de Casación. Tal medida tiene un efecto suspensivo por lo cual nuestros compañeros deben seguir en libertad.

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