La administración del sistema de medios públicos acaba de judicializar la opinión de los periodistas que trabajan en esas empresas estatales, según una denuncia que realizó el sindicato Sipreba.

Si el paroxismo de la estatización de la opinión parecía haber llegado a sus más altas esferas con el kirchnerismo, el gobierno macrista incorpora un nuevo paso en detrimento de la libertad de expresión y ejercer el trabajo de los periodistas.

Néstor Sclauzero, director de la TV Pública, denunció judicialmente al plantel de periodistas que cubrieron los acontecimientos sucedidos en Venezuela por haber dicho que el peón del imperialismo Juan Guaidó era un “autodenominado presidente” y por haber caracterizado las acciones llamadas por la derecha venezolana como “golpistas”. No es inédito el método de amenaza a los periodistas por hacer uso de la libertad de expresión. Se trata de una práctica común no sólo en medios estatales, sino en toda empresa que responde a los intereses de su patronal capitalista. Sin embargo, la judicialización de la opinión marca una nueva escala.

El periodismo en su mejor faceta es tal cuando investiga al poder, cuando lo enfrenta. Si se sumerge en la disciplina a ese poder, sucumbe en su esencia.

Si en el pasado los medios públicos se enmarcaban en una posición de propaganda a favor del kirchnerismo con dislates tales como el programa 678, hoy el macrismo quiere imponer una disciplina que evada la crítica y la evaluación no sólo de los actos del gobierno, sino de la cobertura de asuntos internacionales en los que el oficialismo juega fichas.

Los trabajadores de prensa deben seguir con sus mejores tradiciones, en el país, de independencia ante las líneas editoriales del Estado o las empresas privadas. En 1989 un paro en Clarín evitó la salida de una solicitada a favor de los genocidas. Hace poco, los trabajadores de prensa de La Nación lograron que se imprima su posición contraria a un editorial en el que se realzaba el rol de las “niñas madre” -una reivindicación de la violación esgrimida por los dueños del diario de la “tribuna de doctrina”.

Punto aparte merece señalar que Sclauzero es el presidente de FOPEA, un agrupamiento de periodistas que surgió como núcleo en defensa de la libertad de expresión y culminó, en estas épocas, como defensor del ajuste, las operaciones judiciales y toda vileza encaramada en nombre del periodismo. Los socios de esa institución deberían reflexionar acerca de los intereses reales que defienden la fundación a la que pertenecen.

Los socialistas apoyamos toda libertad de expresión y nos posicionamos contra toda censura. Por eso mismo, rechazamos esta judicialización patronal de la labor de los periodistas de la TV Pública.