El juez federal de Esquel Guido Otranto falló a favor del pedido de extradición de Facundo Molares realizado por el gobierno colombiano, desconociendo que la solicitud provino de la Justicia ordinaria de aquel país, la cual no tiene competencia para solicitar dicho recurso. La sentencia fue apelada ante la Corte Suprema argentina ratifica la sentencia.

En 2021 el presidente de Colombia, el derechista Iván Duque, reactivó el pedido de detención de Facundo, radicado en Argentina, por hechos transcurridos en 2009 en territorio colombiano, durante su militancia en la FARC. No obstante, esos episodios están enmarcados en el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la organización guerrillera en 2016, y no deberían tener validez.

A pesar del carácter ilegal de la orden de detención, el gobierno del Frente de Todos, a través de Cancillería, dejó pasar esa alerta roja trucha, y, paso seguido, envió a la Policía Federal a que encarcelara a Facundo, quien hoy se encuentra privado de su libertad en el penal de Ezeiza. Incluso, el canciller Santiago Cafiero en ningún momento se remitió a la Justicia Especial para la Paz colombiana, el tribunal surgido del Acuerdo de Paz mencionado anteriormente y que debería encargarse de este tipo de casos, para que interceda en el juicio contra Facundo como lo indica la legislación.

A pesar de que todos los cargos que afronta son políticos, el fallo desconoce todos los requerimientos de la defensa. Lo cierto es que si se hiciera efectiva la extradición Facundo Molares correría riesgo de muerte, como ha ocurrido con tantos otros activistas en Colombia a manos del gobierno.

Rechazamos la sentencia de extradición de Facundo Molares y exigimos su inmediata libertad y absolución. Redoblemos la movilización para lograrlo. Basta de presos políticos y de criminalizar a los luchadores.

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