Rehenes políticos en los pagos de Kirchner

En Caleta Oliva, el juez Marce­lo M. Bailaque, del Juzgado de Instrucción Criminal, ha dicta­do la prisión preventiva de nueve luchadores de la ciudad.


A los nueve acusados se les ne­gó la excarcelación, acusándolos de los delitos de privación ilegíti­ma de la libertad, usurpación, obs­trucción de la función pública, de “afectar maliciosamente el desenvolvimiento de un establecimien­to” y “atentado y resistencia a la autoridad”, todo en concurso real.


Para llegar a semejante impu­tación, el juez ha tomado, como to­da prueba, las fotografías de los voceros del conflicto (prolijamen­te identificadas por la Brigada de Investigaciones), reportajes junto a carpas y ollas secuestradas… En toda la causa no se describe nin­guna acción de la que pudiera in­ferirse la realización de un delito.


En una zona convulsionada por luchas por trabajo genuino frente a empresas que extraen de la zona ocho millones de dólares diarios en petróleo, los nueve detenidos deben servir de “castigo ejemplificado aunque para ello haya que incurrir en la más completa arbitrariedad jurídica.


El juez Bailaque va por más: ha citado a otras 41 personas a in­dagatorias, en su mayoría muje­res, sobre las que posee como úni­ca “prueba” figurar en el listado presentado ante el Municipio en solicitud de puestos de trabajo.


En las tierras del Presidente, tenemos la expresión más brutal de lo que significará “la aplicación a la protesta del Código Penal". La vulneración de los más mínimos principios del derecho penal que I se pretenden invocar, y del estado de derecho que dicen defender.


¡Libertad a los presos políticos de Caleta Olivia!              


ni existirá re­forma alguna por parte de Arsla­nián o del ministro de turno.


Sigue pendiente la organiza­ción de los trabajadores del barrio que, a través de asambleas popu­lares, ejerza el control sobre todo lo atinente al reciclado de residuos en el Ceamse. Ha quedado claro para ellos que las diversas promesas de los directivos del lugar, en relación a cooperativizar a los vecinos para realizar el reciclado, han sido bur­das maniobras para acallar a la gente frente a la desaparición de Diego.


Juicio y castigo a los responsa­bles.


Por el desmantelamiento del aparato represivo.


Elección popular de los jueces y fiscales.