Libertades democráticas
9/9/2004|867
Rehenes políticos en los pagos de Kirchner

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En Caleta Oliva, el juez Marcelo M. Bailaque, del Juzgado de Instrucción Criminal, ha dictado la prisión preventiva de nueve luchadores de la ciudad.
A los nueve acusados se les negó la excarcelación, acusándolos de los delitos de privación ilegítima de la libertad, usurpación, obstrucción de la función pública, de “afectar maliciosamente el desenvolvimiento de un establecimiento” y “atentado y resistencia a la autoridad”, todo en concurso real.
Para llegar a semejante imputación, el juez ha tomado, como toda prueba, las fotografías de los voceros del conflicto (prolijamente identificadas por la Brigada de Investigaciones), reportajes junto a carpas y ollas secuestradas... En toda la causa no se describe ninguna acción de la que pudiera inferirse la realización de un delito.
En una zona convulsionada por luchas por trabajo genuino frente a empresas que extraen de la zona ocho millones de dólares diarios en petróleo, los nueve detenidos deben servir de “castigo ejemplificado aunque para ello haya que incurrir en la más completa arbitrariedad jurídica.
El juez Bailaque va por más: ha citado a otras 41 personas a indagatorias, en su mayoría mujeres, sobre las que posee como única “prueba” figurar en el listado presentado ante el Municipio en solicitud de puestos de trabajo.
En las tierras del Presidente, tenemos la expresión más brutal de lo que significará “la aplicación a la protesta del Código Penal". La vulneración de los más mínimos principios del derecho penal que I se pretenden invocar, y del estado de derecho que dicen defender.
¡Libertad a los presos políticos de Caleta Olivia!
ni existirá reforma alguna por parte de Arslanián o del ministro de turno.
Sigue pendiente la organización de los trabajadores del barrio que, a través de asambleas populares, ejerza el control sobre todo lo atinente al reciclado de residuos en el Ceamse. Ha quedado claro para ellos que las diversas promesas de los directivos del lugar, en relación a cooperativizar a los vecinos para realizar el reciclado, han sido burdas maniobras para acallar a la gente frente a la desaparición de Diego.
Juicio y castigo a los responsables.
Por el desmantelamiento del aparato represivo.
Elección popular de los jueces y fiscales.