El gobierno mendocino del radical Rodolfo Suárez mantiene detenidos a los activistas y militantes piqueteros Martín Rodríguez y Lorena Torres tras el operativo represivo desarrollado el pasado martes 14, valiéndose de un recurso polémico del Código Procesal Penal de Mendoza que habilita al juez –a pedido del fiscal interviniente- a dictar prisión preventiva en caso de “reiterancia” en la supuesta comisión de un delito. Se trata de un recurso represivo y discrecional en mano de quienes persiguen a las y los luchadores para hacer pasar el ajuste.

Las detenciones se produjeron en el marco de la jornada nacional de lucha piquetera contra el ajuste y el hambre. En Mendoza, la Fiscalía contravencional de Fernando Giunta ordenó la detención cuatro dirigentes del Polo Obrero y el FOL (dos de ellos ya liberados, Eduardo Tirado y Micaela Guiñazú), con la intervención de la policía que se apersonó en el lugar y apartó con violencia a las y los compañeros, quienes luego fueron retenidos en las comisarías de Luján y Godoy Cruz.

Ahora, la Justicia, a instancias de la Fiscalía –en representación del Estado provincial- pretende extender la detención de los compañeros en base al artículo 293 del Código Procesal Penal de Mendoza, que plantea la posibilidad de dictar prisión preventiva “por la reiterancia delictiva que se le atribuya” a la persona imputada formalmente.

Muy grave!!!
Detienen a @MRodriguezGC dirigente del Polo Obrero de Mendoza.
Por pedir trabajo genuino y alientos. Sin juicio ni derecho a defensa como en los años más oscuros de nuestro país pic.twitter.com/3iWnDcWmax

— Víctor da Vila (@VictordaVilaPO) March 14, 2023

El fiscal Giunta actuó por fuera de las garantías constitucionales, acumulando procesos que no fueron notificados a los imputados –violentando el derecho a defensa- y montando una escena ante los medios con la detención de los manifestantes.

El Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, quien ya aplicó esta metodología en el pasado, señaló que “nuestro Código Procesal Penal, establece la reiterancia como causal de detención y mantenimiento en prisión hasta la sentencia (…) en esto, innova nuestro código, el de Mendoza. Es una novedad que algunos códigos de otras partes del país están queriendo imitar”.

Esto implica que, a pesar de la inexistencia de condena alguna, uno puede ser privado de su libertar a criterio y discrecionalidad de la Justicia, cuando se produzca una reiterancia respecto a la imputación formal de un tipo penal concreto. En este caso, la “tradicional” aplicación el art. 194 del Código Penal, que sanciona a quien “…impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra…”.

El artículo 194, en sí, resulta excarcelable, más allá de su improcedencia para los reclamos obreros y populares, pero por medio de este artilugio legal se obtiene un resultado que no está previsto en la normativa de fondo, volviendo más reaccionario y represivo el uso de la justicia.

Se trata de un mecanismo arbitrario, que formaliza la judicialización de la protesta social, permitiéndole al Estado confeccionar distintas imputaciones a criterio y obtener una privación de la libertad –o la amenaza de ella- violentando los derechos y garantías constitucionales, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Desde las bancas del @FdeIzquierda presentamos en @DiputadosAR un proyecto de repudio a las detenciones de lxs 4 dirigentes sociales en Mendoza y exigiendo la inmediata libertad para lxs compañexs.
¡No a la criminalización la protesta social! pic.twitter.com/jGGYVHMXgZ

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) March 15, 2023

En Mendoza no solo avanza la utilización de los artilugios procesales, con códigos dictados al servicio del disciplinamiento social y la discrecionalidad del Estado represivo, sino que desde los Ejecutivos locales “estilan” aplicar multas millonarias, que buscan cercar aún más a los trabajadores que se organizan y luchan, sancionándolos a ellos y sus organizaciones.

Esta orientación se repite en varias provincias del país, donde crece la judicialización de la protesta social, como ocurre en Jujuy con el gobernador Gerardo Morales, entre otros.

Con esta política, Suarez ejecuta la orientación represiva y de custodia del ajuste que desenvuelven el gobierno nacional y el FMI, mostrando que no hay brecha entre radicales y oficialistas a la hora de perseguir a los trabajadores.

El Estado provincial, incluso, demora la entrega de los informes de reincidencia a la Fiscalía, con el propósito de dilatar la liberación de algunos de los detenidos.

Reclamamos la inmediata liberación de todos y todas las detenidas, el levantamiento de los procesos abiertos y el cese de la persecución judicial. Así como la atención de los reclamos urgentes del movimiento de desocupados en todo el país.

https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/libertad-a-martin-rodriguez-lorena-torres-eduardo-tirado-y-micaela-guinazu

https://prensaobrera.com/sociedad/66-de-inflacion-en-febrero-tan-inaguantable-como-la-ola-de-calor