Represión y muerte en el penal de Florencio Varela

Autopsia señala que interno falleció por disparos .

Trascendida la noticia del primer contagio de Covid-19 en la unidad 23 de Florencio Varela, el miércoles se produjo una rebelión por parte de los internos del penal, seguida por una brutal represión que dejó como resultado un interno muerto. La autopsia desmiente la versión oficial emitida por el Servicio Penitenciario: Federico Rey no murió por un facazo producto de una rencilla interna, sino por impactos de bala. Este hecho dejó también un saldo de 40 reclusos heridos de los cuales 2 perdieron un ojo.


Los resultados de la investigación arrojaron que el detenido murió de 3 disparos, uno en el pecho, otro en el cuello y en el cráneo y su cuerpo sin vida permaneció varias horas tirado sobre el techo del penal, a donde se habían agrupado los internos en el marco de su protesta. La autopsia de los peritos  cita textual: “llama la atención 3 lesiones que por su características se corresponden con orificio de entrada de proyectil de arma de fuego”.



Los reclamos del universo carcelario se extienden a lo largo y ancho del país y no es sorprendente la situación, teniendo en cuenta que esa población aumentó un 55% en el periodo que va de 2013 hasta el 2019, sin que la inversión estatal haya acompañado dicho crecimiento.  Las condiciones de hacinamiento, falta de insumos sanitarios, son un factor explosivo dentro del actual periodo de cuarentena.  El ejemplo contundente es la misma Unidad Penitenciaria donde ocurrieron estos hechos, que en 2019 fue clausurada por una resolución emitida por el Juzgado Correccional N° 5 de Quilmes (por denuncia de la CPM – Comisión Provincial por la Memoria). La superpoblación fue uno de los motivos: al momento de la inspección había 1.526 personas, con capacidad para menos de 1000.


En el caso de Rey, tomó intervención la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Quilmes, Roxana Giménez, y las cinco máximas autoridades de la unidad penitenciaria, fueron desplazadas. 


Exigimos la conformación de una Comisión de Control con organismos de Derechos Humanos y representantes parlamentarios para discutir con los internos del conjunto de los penales y escuchar sus reclamos y denuncias y el cese inmediato de la represión. 

 




 




 

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