Represores de mansión Seré: Condenados… pero libres

Apel

Recién después de una acordada de la Corte Suprema de la Nación sobre el acceso de los medios de prensa en los juicios de lesa humanidad, el Tribunal Federal Nº5 permitió la transmisión de la sentencia del ex jefe del Grupo de Defensa Antiaérea de Mar del Plata, y de dos ex jefes de las bases aéreas de El Palomar y Morón, de la que dependía el centro clandestino “Mansión Seré”. Sólo permitió la reproducción de la filmación de la Policía Federal, protegiendo la identidad de los represores ante la sociedad en su conjunto.

Los jueces también impidieron el ingreso de los pañuelos de las Madres y otros distintivos con que militantes y organismos de derechos humanos identifican su lucha.

La sentencia condena a Alberto Pedro Barda (80 años) por homicidio, privación ilegal de la libertad y torturas, a cadena perpetua; y a los brigadieres retirados Hipólito Rafael Mariani (82 años) y Cesar Miguel Cómes (82 años), por privación ilegal de la libertad y torturas, a 25 años de prisión.

La perversidad de esta sentencia es que ni Mariani ni Cómes irán presos y Barda seguirá en su domicilio.

El TOF 5 rechazó el pedido de cárcel común para Barda, que goza de prisión domiciliaria, y mantuvo la excarcelación de Mariani y Cómes hasta que la condena quede firme.

Esto implica que, dada la edad de los condenados, probablemente no pasen un solo día presos. La defensa apelará el fallo y el usual trámite ante el Tribunal de Casación llevará varios años hasta que dicha sentencia quede firme.

El TOF 5 no admitió el planteo de genocidio de Justicia Ya, pero los montos de las penas son un avance especialmente en relación con la responsabilidad de la Fuerza Aérea en su participación en el “Plan Sistemático de Exterminio” (cabe recordar que, en el juicio a la Junta Militar, Orlando Agosti, comandante general de la Fuerza Aérea, fue declarado culpable en ocho casos de tortura y robo, y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión). Esta sentencia ayuda a romper el mito de la no participación de esta fuerza en el genocidio.

La sentencia refleja la política del gobierno en los derechos humanos de su forma más cabal: se condenan algunos responsables de los crímenes de lesa humanidad (casos testigo), pero se les garantiza su libertad y sus privilegios.