Repudiado por las mujeres de Orán, el abusador Zanchetta se presentó ante la justicia

Vamos por la condena del ex obispo, protegido por el Papa Francisco.

El ex obispo de Orán, Gustavo Zanchetta, quien se encontraba en el Vaticano, volvió al país y se presentó hoy ante la Sala II del Tribunal de Juicio de esa ciudad salteña, donde se tramitan las denuncias contra él por abuso sexual a dos seminaristas. Previamente había sido declarado en rebeldía, ya que no respondía ninguna notificación por mail ni por teléfono.


En su arribo fue recibido por el pronunciamiento de La Colectiva de Mujeres de Orán, quienes se expresaron duramente contra el encubrimiento del Papa Francisco para con este caso. Con carteles de “Zanchetta chorro”, “violador”, “pro vida” e “iglesia cómplice” repudiaron el accionar del Vaticano y se solidarizaron con las víctimas.


Zanchetta había renunciado al obispado de Orán a fines en 2017, alegando problemas de salud. Poco después, en diciembre de ese año, era nombrado por el Papa Bergoglio –cuando este ya estaba al tanto de las denuncias de abusos- como asesor del ente para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica que gestiona los bienes y propiedades de la Curia Romana, un cargo destinado a gente de confianza del Vaticano.


Al igual que los otros curas con causas por abuso sexual, Zanchetta se presenta a la justicia con dos abogados, uno particular y otro eclesiástico. Esta protección muestra el carácter mentiroso de las promesas del Papa a las víctimas, a propósito de que los curas abusadores ‘rendirían cuentas en la justicia’.


Un hombre de Estado


Además de estar a cargo del seminario, Zanchetta era un actor político muy importante en el gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey. Tuvo a cargo la administración del hogar refugio para víctimas de violencia de género, de donde se fue debiendo meses de salarios a las operadoras y trabajadores del hogar y otras irregularidades en obras de acción social. Por esos motivos se procesa otra causa contra él, por administración fraudulenta, en el marco de la cual el 7 de este mes hubo un allanamiento a la sede del obispado.


A su turno, Zanchetta fue el intermediario en los conflictos laborales del ingenio El Tabacal. La última reunión paritaria, en el marco de una huelga, se realizó en las instalaciones del Obispado, y en ella les terminaron imponiendo a los trabajadores el cuarto turno, que les quitó un 45% del salario -un antecedente de la “reforma laboral por fábrica” que plantea Fernández, en favor de los capitalistas.


El gobierno y la justicia con los abusadores


En este último año del gobierno de Urtubey, la justicia y el clero actuaron en beneficio de estos curas, buscando limpiar la imagen de la Iglesia.


En el caso de José Aguilera, quien tenía a cargo cátedras en la Universidad Católica de Salta y abusó de niños cuando oficiaba como cura en la parroquia de Campo Santo, contó con el favor del juez Adolfo Figueroa, que hizo lugar al pedido de prescripción. Frente a ello, las víctimas apelaron y el expediente pasó a la Corte de Justicia, donde el presidente Guillermo Catalano se excusó por “amistad con el acusado”, ya que compartían tiempo juntos como profesores en la universidad.


El cura Emilio Lamas, con varias denuncias de abuso en su contra, ha sido beneficiado con la prisión domiciliaria y su caso pasará ahora a la Corte de Salta. La causa en la justicia ordinaria tomó vigor luego de que se conociera que estaba en curso un juicio eclesiástico, por el cual se le suspendían las funciones sacerdotales; Lamas apeló y actualmente sigue dando misa en su casa.


También el sacerdote abusador Rosa Torino está con prisión domiciliaria. El mismo magistrado que dictó la prescripción al caso del cura Aguilera, resolvió no hacer lugar al pedido de elevación a juicio contra Torino, a pesar que en la etapa investigativa la fiscalía aporto testimonios de 50 testigos.


De conjunto se nota la calidad oscurantista de la justicia salteña –la que cuenta con gravísimos antecedentes misóginos y reaccionarios en relación con los derechos de las mujeres y niñxs. La impunidad de la iglesia viene garantizada desde el propio Estado; se impone más que nunca la necesidad de su separación, para poder avanzar en el juzgamiento a los curas por sus crímenes. La reciente condena a los del Instituto Próvolo de Mendoza, donde los sobrevivientes de abusos dieron una lucha hasta el final contra la Iglesia y el Estado, marca el camino.


¡Bravo por las chicas de Orán! ¡La lucha para llegar a las condenas está en la calle! Vamos por la cárcel a los curas abusadores y la separación de la iglesia del Estado.