Se produce en Mendoza la detención de otro ambientalista, como fue el caso de Mauricio Cornejo, que actualmente está con prisión domiciliaria luego de varios días de cárcel, sin pruebas ni testigos de delito alguno, en ambos casos.

Este lunes, Federico Soria fue privado ilegítimamente de su libertad, en una causa armada por el gobierno de Mendoza. Se presentó voluntariamente con su abogado para responder a un pedido de captura y quedó detenido.

Persecución penal y laboral

Federico es perseguido por sus aportes técnicos en contra de la megaminería y a favor del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas. Pero, además, en los últimos tiempos padece de acoso laboral por parte de la Administración de Parques Nacionales (APN), su lugar de trabajo desde hace casi 20 años.

Federico es técnico profesional de la APNs desde 2007. En la Delegación Regional Patagonia de APNs intervino en el reconocimiento de comunidades mapuches y en el relevamiento de sitios naturales y patrimoniales. Realizó trabajos de campo y de investigación en 11 parques nacionales cordilleranos. En septiembre de 2016 fue trasladado al Parque Nacional El Leoncito y designado a cargo del área de Conservación y Uso Público hasta abril de 2023. En ese período condujo el programa radial “Voz de Parques Nacionales” en FM Calingasta, coordinó a nivel local los programas de monitoreo de fauna y realizó dictámenes técnicos sobre propuestas para el desarrollo turístico del parque. Participó como autor intelectual en la redacción de proyectos de ley de creación de 7 nuevas áreas naturales protegidas, tal el caso de Laguna del Diamante, Humedal Llancanelo, Laguna del Atuel, entre otras. También participó en la puesta en funcionamiento del Fondo Permanente de ANPs, un mecanismo de autofinanciamiento del sistema de parques de Mendoza.

Ha sido también coautor de 3 libros de guías botánicas: Flora de desiertos de Sudamérica Templada, de Flores de la Patagonia y Arboles de Parques Nacionales Sur. Y es autor de las guías botánicas de Uspallata, Calingasta, Andalgalá y Sierras de San Luis.

Actualmente se encuentra con licencia psiquiátrica por ataques de pánico, crisis depresiva, trastorno de ansiedad generalizado y palpitaciones cardíacas, diagnóstico divulgado por las autoridades de la APN a medios masivos de comunicación y por las redes sociales de funcionarios del gobierno de Mendoza. La APN lleva adelante un sumario disciplinario reservado para destruirlo psíquicamente. Está siendo perseguido desde que fue trasladado al Parque Nacional El Leoncito, colindante a Minera San Jorge.

Esta metodología violatoria de los derechos humanos, y propia de la dictadura, es pública y notoria, uso y costumbre, de gobiernos y empresas que pretenden imponer la megaminería donde no hay licencia social, tal como ocurre en Uspallata. Y que, en particular, es la que emplea el holding Solway, dueños de Minera San Jorge, empresa off-shore radicada en paraísos fiscales, denunciada por la prensa internacional por sobornos, contaminación, persecución, criminalización de la protesta social, apremios ilegales y asesinatos de opositores e indígenas, en países como Guatemala, Indonesia, Filipinas, Macedonia, Congo y Liberia.

El Artículo Nº 9 del Acuerdo de Escazú establece la obligación de los Estados a garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales, protegiéndolos de amenazas, persecución y violencia. Argentina, como país firmante, debe cumplir con este compromiso en lugar de criminalizar a estos luchadores.

Solicitamos el desprocesamiento e inmediata liberación de quienes han sido criminalizados por defender el agua y el territorio.

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¡Luchar no es delito! Basta de perseguir a quienes luchan. -

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