En un fallo unánime, la Corte Suprema ratificó la extradición a Chile de Facundo Jones Huala, líder mapuche de la comunidad Pu-Lof, dispuesto por el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva. Jones Huala había pedido ser juzgado en Argentina.

Los jueces argumentaron que no hay un “clima de violencia política” contra la comunidad mapuche y contra el reclamo de tierras ancestrales y desvinculó los hechos por los que se lo acusa del cuadro de persecución represiva estatal, como denunció Jones Huala. 

La persecución judicial a Facundo Jones Huala de los Estados argentino y chileno es parte fundamental del plan represivo contra la comunidad mapuche. En diciembre de 2016 el Ministerio de Seguridad nacional lanzó un informe que se titulaba “la cuestión mapuche” y sostenía que estaban en peligro los pozos petroleros y señalaba como el cabecilla de los “grupos violentos” o la “RAM” –como llamaba a los mapuche– a Facundo Jones Huala. Luego, se asistió a una sucesión de violentas represiones. Especialmente en el mes de enero de 2017. En junio, Facundo Jones Huala fue detenido por segunda vez por las acusaciones que llevaron a este fallo, el mismo día que Macri se reunió con Michelle Bachelet, el 10 de junio de 2017. Ya ha habido un primer juicio por la misma causa que se le imputa a Jones Huala, en la que todos los imputados fueron sobreseídos porque se demostró que sus testimonios fueron arrancados producto de torturas que sufrieron mientras estaban detenidos. Por el mismo motivo, el primer juicio de extradición a Jones Huala fue declarado nulo. Finalmente, menos de dos meses después, en medio de una represión a la comunidad Pu-Lof que reclamaba por su liberación, desaparecía y tras 77 días aparecía muerto Santiago Maldonado. El día de su entierro, la Prefectura asesinaba a Rafael Nahuel.

El gobierno de Macri y el de Bachellet desean terminar con el reclamo por las tierras para garantizar la explotación de los recursos de la cordillera a los pulpos petroleros, gasíferos y especialmente a las mineras. La persecución judicial y política contra Huala es estratégica. Con este fallo, Jones Huala enfrentaría una pena de hasta 12 de años de prisión. La Fiscalía de Valdivia ya adelantó que solicitará la prisión preventiva para Huala por el juicio que debería comenzar en menos de dos meses. Ahora, resta que el pronunciamiento de la Cancillería argentina, que debe también contar con el aval explícito del presidente Mauricio Macri, que se da por descontado.

Repudiamos el fallo a favor de la extradición de Jones Huala y reclamamos su inmediata liberación.