Una requisa intimidatoria por parte de gendarmes en los colectivos urbanos de línea en la provincia de Córdoba suscitó un gran rechazo popular. En respaldo del operativo, los gendarmes citaban la ley 19.349 promulgada bajo la dictadura de Lanusse, que establece funciones de la gendarmería en tareas de frontera, pero incluso se sobrepasa lo establecido en la citada norma reaccionaria. Estamos frente a un megaoperativo represivo que funciona como en tiempos de la dictadura, requisando colectivos, autos y personas.  

La Gendarmería se despliega por los barrios de Córdoba como parte de un supuesto plan de seguridad acordado entre Macri y Schiaretti, por el cual se enviaron trescientos efectivos a la ciudad. Esto habilita la creación de un Comando Unificado Córdoba (CUC) para “combatir el narcotráfico y la inseguridad”. De este modo se da curso a toda una política de Estado para imponer un régimen de excepción que tiene como función intimidar y reprimir a la población trabajadora, justo días antes de que se trate el presupuesto del FMI.

Con la creación del CUC se establece la intromisión de fuerzas federales en la seguridad interior de la provincia. El argumento del combate contra el narcotráfico e inseguridad es la excusa para justificar una orientación represiva. Año a año el presupuesto para las fuerzas de seguridad crece sin que por ello los delitos bajen. La explicación es el entrelazamiento de los mismos con las fuerzas represivas, vinculadas a negociados mafiosos como el de la trata, el robo de autos, el narcotráfico. El caso Hack es todo un ejemplo: el ex secretario de seguridad de Schiaretti se vio obligado a renunciar a sus funciones, luego del escándalo que significó la denuncia de que su propio padre se encontraba vinculado al crimen organizado.  

El nuevo secretario de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, ha salido a reivindicar el acuerdo alcanzado con el ministerio de Patricia Bullrich. El PJ y Cambiemos actúan en tándem para impulsar la militarización y reforzamiento del aparato represivo, que se está llevando adelante en la provincia. Es esto lo que está detrás de una campaña fascistizante que quienes gobiernan impulsan por los medios de comunicación. Buscan explotar los efectos de una descomposición social, exacerbada por el ajuste en curso. Pretenden proyectar a Bolsonaro en nuestro país.

Daremos una lucha contra esta orientación fascistizante. En la Unicameral presentamos un proyecto de repudio y para que el Ministro de Gobierno de cuenta del accionar y alcance de los operativos realizados por las fuerzas federales. El próximo 24 no dejaremos pasar este complemento a la política de confiscación social que sufre la clase obrera. Con la movilización responderemos este ataque a las libertades democráticas, y al intento de crear un estado de excepción y ajuste permanentes.