La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, revocó la falta de mérito de dos exdirectivos de la empresa Acindar, Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, quienes están acusados junto a ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios. La Cámara ordenó que se emita un nuevo fallo por su responsabilidad en la represión ilegal de Villa Constitución (Santa Fe) y en los delitos de lesa humanidad cometidos contra 67 personas en 1975 y 1976. Los jueces Mariano Borinsky (presidente), Javier Carbajo y Gustavo Hornos declararon “inadmisible” el recurso extraordinario federal interpuesto por las defensas.

A fines de la década del 60, se extendía por diversos puntos de la Argentina una enorme lucha obrera y popular, y el sur de Santa Fe no se quedó atrás. En la convulsiva época abierta con el Cordobazo y los dos Rosariazos de 1969 comenzaron a verse tendencias a la acción directa, huelgas con tomas de fábrica, manifestaciones clasistas y contra la burocracia sindical. A mediados de 1974, y luego de una enorme lucha contra la burocracia sindical de la UOM, la “Marrón”, lista de delegados combativos, arrasa en la elección de Comisión Interna de Acindar derrotando ampliamente a la lista de las 62 organizaciones peronistas.

Apenas unos meses después de haber asumido la nueva conducción antiburocrática del sindicato, en marzo de 1975, y con un operativo de más de 4.000 efectivos policiales y una caravana de Falcon, allanaron las casas, el sindicato y encarcelaron a casi toda la conducción de la seccional, la mayoría terminaron siendo torturados, desaparecidos o asesinados. La patronal de Acindar, en complicidad, primero con la Triple A y el gobierno democrático de Isabel Perón, y luego con la dictadura cívico militar eclesiástica, llevó adelante un operativo policial que barrió con toda la nueva conducción antiburocrática de la siderúrgica y con cualquier atisbo de organización obrera en la empresa. Esto pudo lograrlo fundamentalmente gracias a la burocracia de la UOM, que se encargaba de entregar obreros “comunistas” a la patronal para ahogar cualquier tipo de protesta.

El caso de Acindar es uno de los casos más emblemáticos de responsabilidad y complicidad empresarial en el genocidio, lo que da cuenta del plan sistemático de tortura y exterminio sobre el que cerraron filas la burguesía argentina, el gran capital y el imperialismo, que comenzaron luego a preparar el golpe genocida de 1976, con la colaboración del peronismo y especialmente de la burocracia cegetista.  En este sentido, también vale recordar el caso de Sebastián Fischer quien era delegado clasista en el gremio de la pintura y fue asesinado junto a Miguel Angel Bufano por parte de la Triple A, luego de participar de los plenarios de la UOM de Villa Constitución. Un ataque contra la vanguardia militante de la clase obrera y la izquierda, patrocinada por Perón y liderada por su secretario privado y Ministro de Bienestar Social, José López Rega, que se vio entorpecido por el desplazamiento cada vez mayor de las conducciones sindicales y del movimiento obrero que rompían con el peronismo, o de nuevas direcciones sindicales combativas dentro de las cuales había un fuerte desarrollo del clasismo.

El lazo entre patronales y genocidio se manifiesta incluso en el hecho de que José Martínez de Hoz presidía el directorio de la empresa y luego sería el ministro de Economía de la dictadura. A su vez, el General de División Alcides López Aufranc, pasó de teórico y ejecutor de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria francesa a la presidencia de dicha empresa. A los ex directivos de Acindar se los acusó de “disponer de espacios físicos de la fábrica Acindar S.A. para el funcionamiento de un centro clandestino de detención y tortura; el alojamiento y la vivienda de los integrantes de las fuerzas de seguridad que ejecutaron los hechos; habilitar el ingreso a la fábrica de los integrantes de los grupos de tareas para el secuestro de obreros en momentos en que se encontraban desarrollando sus labores; habilitar el acceso de esos mismos grupos con personas secuestradas a efectos de requisar sus casilleros personales y brindar información que resultó primordial a la hora de identificar a las víctimas para privarlas de su libertad” (EnRedacción 6/7)

La impunidad de los genocidas y, en particular, la vinculación empresarial con el terrorismo de Estado es funcional a los ataques que bajo todos los gobiernos se siguen librando contra la protesta social y el movimiento obrero, como lo es hoy el ataque de todo el arco político hacia el movimiento piquetero. Seguiremos luchando para que las patronales paguen por su participación activa en el genocidio junto al Estado y sus instituciones, la burocracia sindical, los grandes medios de comunicación, los partidos tradicionales y la iglesia católica y por todas las víctimas de los crímenes de Estado, de los grupos paraestatales en democracia como la Triple A, y por el castigo a todos los culpables con cárcel perpetua y efectiva.

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