Las irregularidades y el abuso policial fueron las reglas cuando en Fiske Menuco (General Roca, provincia de Río Negro) se intentó desalojar a una familia que habita desde hace varios meses una casa que encontraron en estado de abandono y que sería del Poder Judicial de la provincia.

La policía y el fiscal se hicieron presentes en horas de la mañana en actitud intimidatoria hacia la familia para que la misma abandone la casa. El mismo habría intentado llevarse a cabo de hecho y por la vía del “apriete”.

Frente a este hecho, un grupo de conocidos concurrieron al lugar para resistir el desalojo y asistir legalmente a la familia. En el marco de las airadas protestas hacia la actitud policial y judicial, una abogada y un dirigente barrial fueron detenidos y golpeados por las fuerzas policiales.

Rápidamente la noticia se difundió entre las organizaciones sociales y desde el Partido Obrero nos hicimos presentes. A las 18 horas, producto de la presión ejercida por los manifestantes y el trabajo de los abogados, los detenidos fueron liberados, pero paralelamente en el domicilio que habita la familia, se producían los hechos de mayor tensión.

La casa se encontraba sitiada por la policía y con órdenes de no permitir la comunicación con sus habitantes, ni el ingreso de personas o alimentos, por orden del fiscal, para para evitar la “consolidación de la ocupación”. Uno de los hijos de la pareja, de 9 años, que se encontraba en el exterior de la vivienda, intentó regresar con sus padres y los efectivos policiales intentaron impedirlo causándole lesiones en una pierna, siendo derribado en el portón de entrada.

Frente a la reacción de los manifestantes, uno de los policías presentes cargó su arma larga y la apuntó hacia la familia que se encontraba con un bebé en brazos y el niño de 9 años. Frente a las protestas de los manifestantes ante semejantes actitudes, los efectivos policiales tuvieron que desistir en su actitud criminal. Se hizo presente el comisario a cargo de la seccional 31 y cuando, por orden de una nueva fiscal, mediaba entre los manifestantes y las fuerzas policiales, un efectivo policial descargó gas pimienta sobre uno de los ocupantes de la casa, causándole serias lesiones.

Foto: Ñi Az

Gracias nuevamente a la presión de los manifestantes y a un importante grupo de vecinos que se hicieron presentes se logró que concurrieran al lugar una ambulancia del hospital local y se permitiera el ingreso del abogado y un representante de la prensa (fotógrafo de Prensa Obrera) a constatar el estado de las víctimas del abuso policial. Por lo que habría sido iniciativa propia de las fuerzas policiales, la vivienda había sido desprovista de luz y agua desde horarios de la mañana.

La familia sigue resistiendo en una acción desesperada para tener una vivienda digna. Pero las conclusiones del caso son nefastas. El Estado sigue teniendo como sola respuesta a la crisis habitacional, y a la situación general que profundiza la pandemia, las escopetas, palos y gases lacrimógenos. La policía de Río Negro reafirma su rol incondicional de brazo ejecutor de un sin número de irregularidades provenientes del poder político y judicial -a dos años de la sentencia a cadena perpetua de los 7 policías asesinos de Daniel Solano, los mismos siguen libres.

Exigimos el desmantelamiento y la investigación de los crímenes y abusos de las fuerzas represivas. Exigimos que se investigue a fondo el accionar policial y judicial, particularmente en este caso y que se sancione a los responsables.

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