La policía allanó domicilios de familiares de víctimas de represión policial en Córdoba. Las fuerzas de (in)seguridad, de manera ilegal, secuestraron alhajas, celulares, perfumes y hasta un auto. Los hechos se produjeron luego de una reunión en Río Tercero a los fines de organizar una movilización para reclamar justicia por las víctimas del aparato policial. De esta manera, la policía y la justicia profundizan su persecución a lxs familiares.

Hay que tener en cuenta que lo sucedido es un modus operandi que se repite, puesto que también ocurrió con la familia de Joaquín Paredes, donde la policía “apretó” a los testigos de la causa en varias oportunidades. El hostigamiento de la policía a las víctimas de la represión estatal forma parte de toda una práctica por fuera de todo marco legal.

“Nos reunimos con familia de Lucas Funes, asesinado por la policía de Río Tercero para poner fecha a la segunda protesta contra la impunidad frente a Tribunales, a realizarse el 25 de febrero. Justamente hoy, después de la reunión, Sergio Funes (hermano de Lucas y sobreviviente del ataque que costó la vida de su hermano) recibió un allanamiento, donde secuestraron su vehículo y un teléfono”, contó un familiar de Yamil Malizzia, víctima de la represión policial.

La citada fuente también contó que “vienen realizando una tarea de inteligencia sobre las familias Villalon, Funes y Malizzia, lo cual incluye cuatro allanamientos hasta hoy”. Además, indico que el pasado 28 de enero se produjeron dos allanamientos a la familia Funes. Uno en la casa de padre de Lucas, Gerardo, quien “es un tipo trabajador”. Y también se allanó el domicilio de la madre de los hijos de Sergio.

En los allanamientos se secuestró una cadena de oro junto con el auto de Sergio Funes, y un perfume en la vivienda de su esposa, por un supuesto “hecho de robo”. A esta causa la lleva el fiscal Alejandro Carballo, quien es conocido como un personaje oscuro de la justicia provincial.

A la causa Funes la lleva actualmente la fiscal Paula Bruera, que vino a reemplazar a la fiscal Heredia Hidalgo tras ser trasladada a otra dependencia del interior provincial. El caso fue una vergüenza. Hidalgo debía investigar a uno de los policías responsables, pero “era su mano derecha en la brigada de investigaciones’’ de la localidad. La fiscal Bruera, a su vez, también lleva la causa de Yamil Malizzia. En las causas de Villalon y Funes los familiares plantean que: “los responsables están muy complicados: policías y altos funcionarios. La departamental Tercero Arriba debe caer por su propio peso criminal. Río Tercero es la meca de la corrupción’’.

La impunidad se sostiene a fuerza de armado de causas, persecución y hostigamiento, en este caso, a los familiares de las víctimas que luchan y se organizan por justicia. La complicidad judicial se suma a hechos criminales como robos a los familiares, que no se investigan, y donde los principales sospechosos son las fuerzas policiales. Claro ejemplo fue el robo de los documentos de la causa de Yamil a su padre, Claudio Malizzia.

Enfrentar al aparato policial que actúa en complicidad con el poder político y judicial requiere de una acción común, de frente único, para derrotar a la impunidad. Justicia para todas las víctimas de la represión estatal. Desmantelamiento del aparato represivo. Todo el apoyo a las familias de Río Tercero en su tenaz lucha.

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