Estamos en un avance de la judicialización de la protes­ta social. A los 15 presos po­líticos de la Legislatura, la deten­ción de Castells dirigente del Mijd, las detenciones en Plaza de Mayo y los militantes de Quebracho que quedaron en la cárcel, ahora se agrega la prisión de los principales luchadores y dirigentes de la ocu­pación en Caleta Olivia de la plan­ta petrolera y la Municipalidad.

Es necesario poner un freno a esta escalada represiva que lleva adelante el gobierno de Kirchner y la Justicia.

Si estos luchadores continúan presos se fortalece la represión a cualquier otro reclamo de los tra­bajadores y el pueblo, como así también corren mayor riesgo de quedar en la cárcel aquellos lucha­dores que están procesados.

En el país hay más de 4.000 procesados por luchar.

Y se suman día a día los dete­nidos por defender sus derechos a una vida digna.

Los jueces, lentos para castigar a tantos banqueros y empresarios vaciadores, son, en cambio, muy rápidos a la hora de castigar a quie­nes defienden sus derechos.

En nuestra zona están en esta situación compañeros de la Toma del Tigre, de la Toma del Rawson, del Cordón Industrial (Sulfacid, Municipales, Bloque Piquetero), del Hospital Centenario, inunda­dos de Santa Fe, defensores de la vivienda única, ahorristas estafa­dos, militantes de las luchas agra­rias, de derechos humanos, de to­dos los movimientos de desocupa­dos, y muchos más…

Cada una de las acciones por las que están procesados los diferentes actores sociales no son obra de un im­pulso individual, sino que han sido decididas democráticamente y res­paldadas en sus diversas formas or­ganizativas (asambleas de trabaja­dores, estudiantiles, vecinales y has­ta de pueblos enteros). Por lo tanto, se criminaliza en uno la legítima pro­testa de millones.

Parece que para estos jueces no es delito:

• Dejar que un niño se muera de hambre.
• Que un trabajador quede en la calle o tenga salarios miserables,
• Que un obrero muera asfixiado en el fondo de una mina (co­mo los obreros de Río Turbio) o sea destrozado por un tren por desidia de la patronal.
• Que los banqueros y políticos corruptos hayan vaciado el país, llevándonos al actual desastre de desocupación y miseria.
• Que todas las semanas mue­ra asesinado un pibe del barrio por la Policía.

Pero para los mismos jueces sí es delito:

• Ocupar una empresa des­mantelada por sus dueños y recu­perarla para la producción.
• Cortar una calle como única medida posible para no ser exclui­dos de los derechos reconocidos y garantizados en la Constitución.
• Que la gente, harta de pedir inútilmente, vaya a la comisaría a buscar a los asesinos de sus hijos.

Libertad inmediata e incondicio­nal a todos los presos políticos por lu­char. Ningún luchador procesado, ni preso, ni muerto por luchar. No a la criminalización de la pobreza ni a la judicialización de la protesta.

Luchar no es delito.

SI CONDENAN A UNO, NOS CONDENAN A TODOS!

Los espacios de autoconvoca- dos con los procesados afectados movimientos sociales y de DDHH, organizaciones populares, estudiantiles y barriales, dirigentes gremiales, políticos, diputados, se van enriqueciendo con la incorporación constante de otros secto­res.

Resoluciones

Declararnos en estado de aler­ta y movilización; si hay nuevas detenciones, autoconvocarnos en El Tigre (Tucumán 1349).

Conferencia de Prensa: día viernes 17/9, a las 11 hs, en San Lo­renzo 1879.

Movilización el día 28/9 (Con­centración: 18:30 hs, en Plaza 25 de Mayo; marchamos a Plaza San Martín para realizar un acto).

Primeras firmas:…