Esta semana se llevaron adelante en los tribunales federales las indagatorias de 27 policías, en el marco de la  investigación de desaparición forzada y asesinato de Franco Casco en octubre de 2014. La detención fue bajo la orden del Juzgado Federal Nº 3, a cargo del juez Carlos Vera Barros. Son indagados por el delito de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se sospecha que los detenidos intentaron desviar la investigación, enfocándola en una falsa hipótesis policial que salió desde la Comisaría 7, en la que revistaban casi todos los detenidos y donde Franco fue visto por última vez. Entre los efectivos detenidos se encuentran los jerarcas de ese entonces de la dependencia.

 

Por otra parte, el viernes declararon siete de los efectivos que se encontraban cumpliendo funciones en la Comisaría 7 los días claves del 6 y 7 de octubre de 2014.

 

Un caso emblemático 

 

Franco Casco era un albañil de 20 años oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela y se encontraba circunstancialmente en Rosario, adonde había viajado. Franco esperaba volver a su localidad el 6 de octubre, donde lo estaba esperando su familia, pero Franco nunca volvió. Fue secuestrado y torturado por la policía santafesina de la séptima.

 

Luego de más de 20 días de incansable búsqueda y movilización por parte de la familia y diferentes organizaciones, el 30 de octubre fue hallado el cuerpo en el Río Paraná. “A mi hijo lo mató la policía a golpes, lo mataron en el calabozo y ahí lo tiraron al río. Y lo ocultaron en el fondo del agua con sogas", denunció su padre al diario rosarino La Capital.

 

Existió un colosal encubrimiento por parte del Estado santafesino en el caso. La justicia intentó impedir el allanamiento de la Comisaría y los testimonios de los forenses intentaron encubrir el crimen.

 

Su familia no contó con el apoyo del Estado para encontrar al joven cuando se encontraba desaparecido, ni tampoco luego la justicia avanzó sobre los responsables del asesinato del joven. Elsa Godoy, madre de Franco Casco, que hasta su último día de vida luchó con valentía por justicia de su hijo, siempre sostuvo que en su desaparición y asesinato estuvo implicada la policía.

 

Los casos de brutalidad policial van acompañados de la descomposición del aparato de seguridad santafesino, coludido con el narcotráfico y la explotación sexual. El régimen político es cómplice de esta situación, empezando por el gobernante Frente Progresista.

 

A Franco lo mataron por ser pobre y negro. “Lo detuvimos porque lo vimos parado al lado de un árbol en una plaza y nos pareció sospechoso”, dijeron policías de la Comisaría 7 en una audiencia. En estos mismos días, se conoció la detención de 18 efectivos del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica por el fusilamiento de dos jóvenes tras una persecución policial, que la versión oficial intentó presentar como un enfrentamiento.

 

Fruto de la incansable lucha y movilización de la familia junto a diferentes organizaciones, que puso en tela de juicio el rol del aparato represivo del Estado y que denuncia la complicidad del gobierno, se avanzó en la detención de 27 efectivos policiales involucrados en el caso que serán indagados hasta el fin de semana. Claro está que solo a través de la lucha en las calles vamos a lograr quebrar la impunidad y la justicia por todos los caso de gatillo fácil de la región.