Después de 8 años de producido el brutal asesinato de Cintia Fernández, el pasado lunes 13 de mayo se dio inicio al juicio. El imputado como responsable del crimen es Mario Federico Condorí, ex agente de la división Trata de Personas de la Policía de Salta.

El caso es emblemático, ya que la mamá de Cintia, Ana Fernández, convocó al poco tiempo de ocurrido el crimen a movilizarse todos los viernes en la plaza 9 de Julio de la Ciudad de Salta. Esa convocatoria terminó de consolidar la incipiente organización de la Comisión de Familiares contra la Impunidad que se venía formando. Las movilizaciones tuvieron una enorme repercusión, en un cuadro de conmoción política y social por el crimen de las dos turistas francesas.

Desde un primer momento, Ana apuntó a Condorí como el responsable del crimen y señaló que no se trataría de un crimen “pasional”, planteando que muy posiblemente Cintia se habría enterado de información relacionada a la trata de personas. Denunció un operativo de encubrimiento por parte de la policía y particularmente de la oficial que tenía a cargo la investigación. Debió soportar por ello todo tipo de ataques por parte del Estado y sus funcionarios. El propio Condorí amenazó en más de una oportunidad a Ana.

Con el desarrollo de las audiencias del juicio han salido a la luz aspectos del entramado de encubrimiento. A pedido del fiscal, el tribunal ordenó la detención por falso testimonio de la oficial Gimena Núñez, de la Brigada de Investigaciones, ex jefa de Condorí y quien estuvo a cargo de la investigación del crimen. Fue luego de que incurriera en notorias contradicciones en su declaración, pero también podría estar implicada en la adulteración de la escena del crimen, algo que aseguró una perito luego de identificar que una almohada tenía fluidos cadavéricos siendo que estaba a una distancia considerable del cuerpo. Nuñez había intervenido ya en otro caso muy resonante, el de las muertes de Luján Peñalva y Yanina Nüesch, quienes aparecieron colgadas de un árbol con una misma soga, no obstante lo cual el propio gobernador Juan Manuel Urtubey salió en forma inmediata a sostener que se trataba de un suicidio.

Si tomamos en cuenta el hecho, nada común en una investigación, que toda la plana mayor de la policía estuvo presente en la escena del crimen tal cual lo reveló el abogado de Ana, la denuncia acerca del armado de un gran operativo de encubrimiento es completamente adecuada y es lo que debería orientar todo el juicio. No se trata solo de condenar a Condorí sino también a sus encubridores, incluido los altos mandos policiales y el poder político.

Quienes suscribimos estuvimos acompañando a Ana Fernández y a los familiares de la Comisión en la primera jornada del juicio. Seguiremos informando las novedades del caso y exigiendo justicia por Cintia Fernández. Basta de impunidad.