Inmediatamente luego de la jornada de lucha de la Unidad Piquetera del martes 7/2, sus referentes en el norte de Salta fueron recibiendo citaciones del Fiscal Federal de Orán para “advertirles” de la reciente publicación del decreto 91-23, que prohibe cortar rutas o realizar movilizaciones que impidan la circulación de vehículos y personas.

No es casual que el estreno de este engendro represivo comience en el norte. Días antes de su publicación en el Boletín Oficial, el Ministro de la Producción, Martín De los Ríos, se reunía con la Sociedad Rural Salteña y Prograno, que reclamaban a gritos el despeje de las rutas de los departamentos más golpeados por el hambre y la desocupación en la provincia; y ahora con un tarifazo de la luz absolutamente impagable. La misma oligarquía salteña que en el 2008, a punta de cortes de las rutas 16 y 34 supiera imponer la rebaja de los impuestos a sus exportaciones, y cuyo vocero era el mismo ministro De Los Ríos. Queda claro para quién gobierna Gustavo Sáenz; y también la oposición de Avancemos, que festejó el decreto antiderechos.

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Sáenz termina su mandato profundizando a niveles nunca vistos el legado de sus antecesores, por haber llevado al colapso el abastecimiento de agua potable, producido el aumento de las tarifas de luz y de colectivo más altos del país, en medio de la creciente miseria de la población; el enorme déficit de vivienda;  el abandono y la muerte por hambre y falta de agua potable de las comunidades originarias; el trabajo precarizado y en negro de la mitad de la población salteña. Como ejecutor de la política de Massa acordada con el FMI, han creado la crisis y pretende que los trabajadores salteños la acepten callados sin luchar.

Sin embargo, hasta ahora han fracasado todos los protocolos represivos de los gobiernos. Recordemos el de Patricia  Bullrich, que decía que en cinco minutos despejaba todos los cortes, y fracasó sencillamente porque la política oficial empuja a cada vez más a la población a la calle. Los cortes de la Ruta 34, de mayor circulación de las sojeras y mineras, se tornan cada vez mas asiduos.

La evidencia de esto es que luego de publicado el decreto los vecinos de Orán volvieron a cortar la ruta contra el tarifazo, y el corte se repetirá el miércoles 15, porque Sáenz acaba de publicar una resolución otorgando un miserable 30% de rebaja y solo por cuatro meses, rechazando así establecer una tarifa reducida permanente para zona cálida, como vienen reclamando desde hace 40 días los vecinos autoconvocados de Orán.

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La Unidad Piquetera ha tomado la iniciativa y lanzado una convocatoria a todas las organizaciones políticas, sindicales, de desocupados, a las comunidades originarias para organizar un frente único de lucha hasta que caiga el decreto 91-23. La convocatoria además contó con una declaración exigiendo la derogación inmediata. Ya en la primera reunión acudieron todos los referentes de la UTEP, y se sumaron más de 100 organizaciones adhiriendo con su firma a la declaración: entre ellos Adiunsa (docentes universitarios), la CTA Autónoma, los vendedores ambulantes (brutalmente reprimidos por Sáenz y la intendenta Romero), diversas organizaciones de DDHH nacionales y provinciales, la organización que reúne a decenas de comunidades originarias del norte provincial, y la lista continúa. La primera acción común reunió más de 4.000 trabajadores en una movilización a la Casa de Gobierno y movilizaciones en las localidades del interior que marcharon a las Fiscalías penales de sus departamentos a presentar el reclamo de derogación del decreto 91-23.

La lucha continuará con una asamblea popular frente a la Legislatura el miércoles 15 y se prepara para la siguiente semana una gran jornada de cortes en toda la provincia. Ahora no solo vamos por el decreto, redoblamos la apuesta y vamos por todos los reclamos de la población trabajadora.

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