Salta: dos casos de gatillo fácil en diez días

En la madrugada de este 3 de noviembre, los salteños despertamos con el clamor de familiares y vecinos del barrio 6 de Septiembre en las redes sociales denunciando un gravísimo caso de gatillo fácil. Gregorio Ramos, conocido como Go Go, de 36 años, fue fusilado por la policía en un procedimiento.

Lo que denuncia la familia es que Go Go estaba en la vereda, vio a la policía, se asustó y corrió. Recibió tres disparos, uno en el pie y dos más en la espalda. El hombre tenía retraso madurativo y limitaciones en el habla y la vista.

Luego la policía no permitía que los familiares asistieran al malherido. Estuvo treinta minutos tirado hasta que llegó la ambulancia solicitada por los familiares. Mientras tanto, llegaron más efectivos que, con las linternas de sus celulares, retiraron los perdigones y hasta pasaban sus pies por las calles intentando borrar el rastro de sangre.

El caso es un escándalo: además de un fusilamiento a sangre fría, lo dejaron morir sin atención médica y alteraron el escenario del crimen. La fiscal penal Sodero Calvet dispuso la detención de los 4 policías que intervinieron en el procedimiento, el secuestro de las armas y el peritaje en la camioneta en que se desplazaban. Por su parte, el gobierno provincial realizó una conferencia de prensa con el secretario de Seguridad Ignacio Vilches y el subjefe de la policía Guido Burgos, quien ya abrió el paraguas diciendo que la zona es conflictiva y que la víctima tenía antecedentes.

Lo que denuncian los vecinos es que la policía es la que tiene serios antecedentes represivos en el barrio. Incluso la limitación visual de Go Go se debe a que hace unos años resultó herido en un ojo en una de las razias que acostumbran a hacer en el barrio.

Indudablemente, la rápida reacción de los familiares presionó para que se tomen medidas inmediatas. Otros casos no llegan a tomar estado público o son camuflados como excesos necesarios para garantizar la seguridad.

En Güemes, otra muerte bajo custodia policial

El 26 de octubre, en la localidad de Campo Santo, una familia solicitó ayuda a la policía por un desorden en el hogar producido por su hijo de 31 años, con problemas de adicciones, a quien no podían controlar. Los efectivos lo detuvieron a los golpes. Veinte minutos después, la hermana del hombre fue a la comisaría y le dijeron que el detenido fue llevado al hospital de General Güemes por una descompensación cardíaca. Ese hospital está a escasos 6 km de la localidad. La familia se dio con que ya estaba muerto y que presentaba lesiones en el cuello y la cabeza.

El caso fue caratulado por muerte dudosa ante el reclamo de los padres, que denuncian que fue masacrado a golpes.

La policía de Salta tiene tradición de represora y una impunidad asegurada. Son muy pocos los casos de gatillo fácil y de muerte bajo custodia que logran condenas efectivas. También es una constante que se conozcan graves casos de corrupción interna apañadas por los jefes y también los jefes involucrados en casos de narcotráfico, robos agravados y hasta sicariatos, como el caso Monje, quien tenía estrecha relación con el exsecretario de Seguridad y apoderado del partido político de Gustavo Sáenz; Benjamín Cruz, quien nunca fue investigado siquiera, por nombrar un caso. Después, las estafas piramidales más graves con empresas fantasmas estaban comandadas por policías y narcos.

El Poder Judicial es la otra pata de la impunidad asegurada. Se van a cumplir 2 años que la Corte de Justicia no responde a un habeas corpus colectivo presentado por organismos de derechos humanos sobre los procedimientos ilegales en caso de detención y privación de la libertad. No cumplen ni sus propios reglamentos y el cuadro empeora. Incluso van a empezar a usar también pistolas Tasser.

Desde el Partido Obrero denunciamos por años desde las bancadas todos los atropellos policiales y advertimos de que Salta iba camino a convertirse en Rosario, que el delito viene desde arriba, que las razzias y operativos barriales no tienen la finalidad de garantizar la seguridad a los vecinos, sino que es para regimentar al pueblo, a la par que comandan negocios inmundos como el narcotráfico.

Para terminar con el delito, en primer lugar hay que desmantelar el aparato represivo y condenar a las fuerzas policiales y políticas por los crímenes cometidos contra el pueblo.

Nos solidarizamos con las familias que denuncian y exigimos juicio y castigo a los responsables.

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