A través de las redes sociales primero y luego en una reunión virtual, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, solicitó al presidente Alberto Fernández que los militares custodien las fronteras y las calles de la capital provincial con el pretexto del ingreso ilegal de ciudadanos bolivianos y las 600 detenciones efectuadas a acusados de romper la cuarentena. El pedido de que el Ejército desembarque en las localidades de Salvador Mazza, Aguas Blancas y Los Toldos para evitar “el ingreso del virus por las fronteras” fue concedido sin objeciones por Alberto Fernández.

Esta preocupación contrasta con la falta de designaciones de médicos y enfermeros en los hospitales de la capital, y el vaciamiento más profundo en el interior. El contagio de un médico en Tartagal generó una gran crisis en la localidad, en la que el intendente Mario Mimessi debió pedir la vuelta a la fase 1 del aislamiento social pero solo se realizaron solo 25 hisopados.

Sáenz tilda de “imbéciles” a los trabajadores por no quedarse en sus casas cumpliendo la cuarentena, cuando la provincia está entre las primeras el ranking de trabajo en negro y desocupación, con un 45,9% de la población en esa situación. El gobernador que no pone un peso en asistencia social pretende que nos quedemos en casa bajo apriete. Se trata de una política de gobierno, para la cual designó a un excomandante del Ejército como ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, un negacionista de la dictadura que hoy es sumamente cuestionado por el accionar represivo de la policía en las diferentes localidades de Salta. Esta es la política de “dar vuelta la página” que pregona Alberto Fernández para reinstalar a las Fuerzas Armadas en la represión interior.

Ni los militares, ni la policía, ni la Gendarmería son capaces de asegurar la tan mentada seguridad a la población. En la provincia de Salta crecen las denuncias de atropellos policiales de todo tipo hacia trabajadores y la juventud en los barrios. De hecho, el lunes 21 se  realizó una gran movilización en el centro salteño al cumplirse un año de los asesinatos de Martín Carreras y David Alfonso a manos de la policía.

Ante el cuadro represivo que ha montado Sáenz a partir de la cuarentena, exigimos la derogación del decreto 255 que da superpoderes a la policía y que se dé marcha atrás con este nuevo intento de desplegar al Ejército en los barrios.