Salta: enorme jornada provincial contra la ley antiprotestas

Estuvo presente Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero.

Imagen: Corresponsal.

Luego de la sanción definitiva en el Senado de la provincia de Salta de la ley antiprotestas, el pasado jueves 2 de junio las organizaciones de la Unidad Piquetera y la UTEP votaron un plan de lucha por la anulación de la ley, entre otros reclamos, que dio inicio este lunes 5. Fueron invitados docentes y trabajadores de la salud autoconvocados que están en plena lucha, para coordinar acciones.

La jornada inició con una nueva provocación a través del ministro de Gobierno Ricardo Villada, que acusó a dirigentes opositores, entre ellos al compañero Claudio Del Plá, como los responsables de la huelga y de las movilizaciones y cortes. Las absurdas declaraciones públicas del ministro no hicieron más que generar mayor repudio contra el gobierno.

El plan de lucha arrancó con una conferencia de prensa en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta, con la presencia del dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo “Chiquito” Belliboni, y de otros dirigentes nacionales de la Unidad Piquetera. En la misma plaza comenzaban a concentrarse los docentes y trabajadores de la salud para movilizarse por el centro de la ciudad. Allí también culminó la jornada en la capital salteña.

Inmediatamente después, en la ciudad de Salta se realizaron cinco cortes y en el interior hubo cortes, principalmente sobre la ruta 34, en unas 10 localidades. Los cortes y movilizaciones se llevaron adelante con docentes y trabajadores de la salud en unidad con los movimientos de desocupados.

Una enorme respuesta al intento del gobierno de Sáenz de amordazar la protesta en medio de un agravamiento de la crisis y profundización del ajuste, y como un intento de amedrentar en particular a la lucha docente y de salud a la cual no quiere dar respuesta.

Un gobierno acorralado

A pesar de haber conseguido su reelección con escasa dificultad, Sáenz está acorralado por una creciente lucha, no solo de docentes y salud, sino que ya hubo jornadas de lucha de los mineros en Quijano; previamente los trabajadores de Coca Cola, reprimidos en los días previos a las elecciones; y se asoma una fuerte lucha en el ingenio Tabacal.

El gobierno, consciente de que va a profundizar el ajuste y los tarifazos, apela a una ley antiprotestas que agrava incluso el protocolo que sacó por el decreto 91/23. Se suma así a la línea de Morales en Jujuy y la de los gobiernos de Córdoba y Mendoza entre otros.

Pero la sanción de la ley y el repudio a la represión sufrida por docentes y trabajadores de la salud no ha hecho más que disparar una gran cantidad de pronunciamientos de solidaridad con los que luchan y de rechazos y repudios al gobierno y su ley.

La votación de la misma, además, mostró algún grado de crisis ya que se aprobó con 21 abstenciones en Diputados y por 11 a 10 votos en Senadores. Sin embargo, hay que decir con total claridad que las abstenciones favorecieron la aprobación de la ley y que en el Senado 9 de los que votaron en contra habilitaron el tratamiento sobre tablas para que se apruebe de modo exprés.

Las patronales a favor de la ley represiva

Antes de la sanción definitiva, la ley tuvo el apoyo de las principales entidades patronales de la provincia, como la sociedad rural, la cámara de la minería, Prograno, entre otras. Se trata nada menos que de los sectores que se llevan todas las riquezas de la provincia, cuya población es cada vez más pobre, muchos de los que se apropian de las tierras de las comunidades originarias, los sectores para los cuales gobierna el régimen oligárquico salteño desde hace décadas.

Vamos por su anulación

Sáenz se reunió con los representantes de la CGT donde se comprometió a que la ley no afecte el derecho de huelga. Es claro que esa reunión fue con los que nunca paran ni se movilizan, a pesar de que razones para hacerlo sobran.

La realidad es que la ley puede avanzar sobre el derecho de huelga de los trabajadores de la educación, salud y transporte, en particular, lo cual es gravísimo.

La ley, además, refuerza a la ley contravencional respecto de las movilizaciones, una ley que ya fue utilizada en más de una oportunidad contra los manifestantes y que le da amplias facultades a la policía.

La norma pretende obligar a las organizaciones a informar sobre las movilizaciones a la policía, es decir a los represores, incluso dejándole sus datos personales. Esto es peor aún si tenemos en cuenta las movilizaciones de familiares de víctimas del gatillo fácil, que deberían informar a los asesinos que van a movilizarse.

Es claro que hay una fuerza creciente en la lucha que puede derrotar este intento represivo del gobierno. Hay que llamar a todo el pueblo a pronunciarse y movilizarse, porque además más sectores ganaran las calles con sus reclamos más temprano que tarde.

Vamos con todo por su anulación, por una respuesta al petitorio de los autoconvocados y respuestas a todos los reclamos en curso.