Durante la cuarentena, la represión policial se incrementó y especializó, con prácticas propias del terrorismo de Estado: 6 jóvenes perdieron sus ojos por balazos de goma. En un caso, en un desalojo de un asentamiento de familias sin techo; en otro, en una reunión familiar por supuesta violación de la cuarentena; o directamente a quemarropa, a jóvenes que circulaban sin barbijo.

Con el decreto N° 255, hoy convertido en ley N° 8.191, el gobernador Gustavo Sáenz le dio el marco de impunidad a una policía provincial que ya tenía una enorme cantidad de denuncias por torturas, abusos y crímenes, principalmente sobre la juventud de los barrios de Salta. Cristian Gallardo, Martín Carreras, David Alfonso, Gury Farfan, Nahuel Salvatierra son los nombres de algunos jóvenes y trabajadores asesinados en “procedimientos” policiales.

El nombramiento de Juan Manuel Pulleiro, un militar que reivindica la dictadura de Videla, como ministro de Seguridad, anticipaba que Sáenz iba a exacerbar la violencia policial sobre la población, que ya existía bajo el gobierno de Urtubey.

Para encubrir estas prácticas, la Justicia fue armando causas agravadas contra las víctimas, justificatorias del accionar policial para intimidar a la población con detenciones arbitrarias. Tal es el caso de una familia obrera, reprimida en un cumpleaños familiar que hoy sufre 2 meses de detención domiciliaria. O el caso de 7 remiseros detenidos en una brutal represión, en una manifestación en defensa de su fuente de trabajo, detenidos 2 meses en sus domicilios.

En los primeros días de julio, en una interpelación de la Cámara de Diputados, el Procurador General confesó que sobre 2.065 causas por abuso policial, torturas y apremios presentadas en el último año contra la policía salteña, no hubo ninguna condena. Incluso 735 fueron directamente archivadas sin investigación del fiscal de DD.HH., al que tuvo que desplazar del cargo ante semejante escándalo.

Desde la fase 1 de aislamiento obligatorio hasta la fase 5 de distanciamiento social, Sáenz ha presentado los contagios como responsabilidad de la población, estableciendo el aislamiento en los domicilios como única vía de evitarlos. Eso le permitió ahorrarse los testeos masivos que requiere tener un verdadero registro de las causas de contagios y los nexos epidemiológicos.

Al mismo tiempo fue otorgando autorizaciones a las patronales para volver a poner en funcionamiento sus explotaciones económicas, lo que obligó a la mitad de los trabajadores salteños a exponerse en procesos productivos, donde las patronales no son obligadas a alterar la organización de la producción ni a realizar testeos a sus empleados. En la minería, solo se evitaron los contagios masivos como en Jujuy, porque los obreros mineros impusieron los protocolos y testeos a fuerza de paros.

El resto de los trabajadores salteños se encuentra por fuera del trabajo registrado. Las familias trabajadoras sin ingresos fijos, sin seguros al parado por parte del Estado, se ven obligadas a circular en busca de changas. Al mismo tiempo se infunden las “responsabilidades individuales de los contagios” y las reuniones sociales.

A los trabajadores informales empujados a circular para trabajar, el Estado responde con atropellos policiales y multas. Y esto se fue verificando en un promedio de 23 denuncias de abusos policiales por día, de gatillo fácil, golpizas y torturas en dependencias policiales y en los traslados de detenidos, allanamientos sin orden judicial, desalojos a asentamientos, represión a movilizaciones populares, a manteros y artistas callejeros; en toda la Provincia y en nombre del cuidado de la salud de la población en la cuarentena.

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Las mutilaciones como elemento del terror estatal

Las prácticas de terror estatal son una política mundial para doblegar a la población, mediante la tortura, las mutilaciones, las violaciones y la desaparición forzada de personas.

En Chile, 217 jóvenes perdieron un ojo por balas de goma desde corta distancia, en las protestas de octubre del 2019, sumadas a las violaciones y abusos sobre las detenidas. En especial la práctica de mutilación, ya había sido registrada en Francia durante las grandes movilizaciones de los chalecos amarillos, en las protestas en Hong Kong y en la represión del Estado de Israel sobre jóvenes palestinos, con más de 1900 lesionados por balines de goma, en los últimos 27 años; de los cuales 300 fueron en los ojos. Sólo que en Chile esta cifra pavorosa se registró en 3 semanas de movilizaciones, lo que demuestra que fue una política intencional de terror, para intimidar a la juventud que recuperaba la calle, reclamando que se fuera Piñera.

En Salta, bajo el gobierno de Sáenz, en enero, Jorge Abán, un joven de 26 años, perdió un ojo por heridas con balas de goma. En febrero Luciano Cruz, 19 años, albañil, fue acribillado a tiros con balines de goma por policías que le reventaron un ojo cuando volvía de su trabajo, dejándolo tirado, haciendo abandono de persona. En mayo Diego Mercado, un hombre de 31 años, en Gral. Ballivián, le dispararon en el estómago y en un ojo por andar sin barbijo. En junio Ariel Aguirre, 45 años, un vendedor ambulante, fue herido durante un brutal allanamiento en barrio La Paz, en una fiesta familiar, a quien también dejaron tirado haciendo abandono de persona. En julio, Carlos Jonathan Avalos, 24 años, un joven asentado que estaba con su bebé en brazos, durante un desalojo en la zona Norte, también perdió un ojo por una bala de goma a corta distancia. Y también en julio, Néstor Ávalos, un soldado de 25 años, que estando en casa de su padre de licencia, salió a comprar a un kiosco y le dispararon desde el interior de un móvil policial, dejándolo tirado en la calle, con un ojo destruido.

Vamos a organizarnos en contra de la represión policial

En una Salta con el 45 % de la población precarizada, lo que afecta al 65 % de la juventud; donde 70.000 familias jóvenes carecen de techo; donde los sueldos promedio están por debajo de la línea de pobreza; Sáenz se anticipa a los choques que los trabajadores protagonizarán por salario, por trabajo y por techo.

Organizaciones de DD.HH., sociales y el Partido Obrero, hemos comenzado una campaña de movilización y denuncia para enfrentar esta política represiva, cuyo objetivo es la cárcel para los Policías torturadores y mutiladores, y sus mandantes políticos.

Por la derogación de la Ley 8191 y la Ley Contravencional.

Por el desmantelamiento del aparato represivo.

Por la apertura de los libros de las comisarías bajo control popular y la elección de jueces, fiscales y comisarios como forma transicional de intervención popular en sus designaciones.

Y por la prohibición del uso de balas de goma como ya se ha conquistado en otros países, con la movilización popular.