En Ballivián, localidad del departamento San Martín en el norte de la Provincia de Salta, un joven fue perseguido por la policía por andar sin barbijo en moto. Cuando ingresó a su domicilio, la policía violentó la puerta y le disparó con balas de goma en la cara, tras lo cual el joven perdió un ojo y tuvo que ser trasladado en grave estado a la ciudad de Salta. Los agentes justificaron su accionar en que se habría resistido a ser detenido.

Apenas se conoció la noticia de este accionar brutal, la policía armó un relato de resistencia a la autoridad y de ataque de los vecinos. De hecho, esa es la figura que utilizan siempre para aplicar la ley de contravenciones, por la que se cometen cientos de atropellos todos los fines de semanas, especialmente contra la juventud. Eso ya ocurría antes de la cuarentena; ahora lo usan para reprimir al que circula sin barbijo o infringe la cuarentena.

A pesar de los argumentos dados por la policía, la fiscal de Embarcación ordenó el secuestro del libro de guardia de la comisaría, la identificación de los policías actuantes y el secuestro de las armas. Además espera la recuperación de la víctima para que pueda realizar la denuncia.

A lo largo y ancho de la provincia

La semana pasada hubo otros casos. En Metán, en el sur provincial, miembros de la comunidad wichi fueron reprimidos con balas de gomas y también denuncian torturas durante la detención, que duró 6 días. Otro caso fue en la localidad de Olleros, donde un joven de 23 años fue brutalmente golpeado en el rostro -la excusa policial es que no pudo explicar que hacía en la calle, en un pueblito que no debe tener 200 habitantes. El 9 de mayo, esta vez en la ciudad de Salta, un joven fue golpeado con cachiporras en la cabeza, por miembros motorizados del 911; estos no dieron explicación alguna y lo abandonaron desmayado en la calle.

Toda esta brutal represión ocurre en el marco en que habilitaron a la cámara de comercio abrir las tiendas, restaurantes y hasta se está hablando de habilitar boliches. También ya funcionan las ferias, salidas recreativas y las iglesias.

Aún este cuadro de flexibilización de la cuarentena, el gobernador Gustavo Sáenz no derogó el decreto 255/20 que estableció un estado de sitio y fue el puntapié para todos estos atropellos. El gobernador, en nombre de preservar la salud del resto de la población, justifica un “vale todo”. Así también estigmatizó por todos los medios a un trabajador golondrina por contraer Covid-19, forzando su judicialización con la carátula de propagar enfermedad contagiosa, cuando en realidad no contagió a nadie. Toda una puesta en escena para encubrir que la provincia no tiene los recursos humanos, ni insumos hospitalarios para hacer frente a la pandemia; por eso descargan toda la responsabilidad sobre las personas.

La represión policial es funcional a ese plan, pero también va preparando un escenario post cuarentena, ya que la provincia de Salta tuvo un crecimiento enorme de la pobreza en los últimos años y la inflación de los últimos meses fue mayor a la registrada a nivel nacional. Es también una advertencia a los trabajadores estatales, que están en alerta ante el inminente descuento de sus salarios. Si hay luchas, Sáenz ya tiene una policía brava dispuesta a reprimir brutalmente como lo hacen ya por no usar barbijo.

Por la organización de los trabajadores y vecinos para rechazar estas políticas de miseria y represión.

Fuera el ministro de Seguridad Juan Pulleiro. Juicio y castigo a todos los policías que cometieron estas salvajadas.