De los creadores de la “ley anti-protestas” contra los docentes, llega ahora la “ley mordaza” contra la libertad de expresión. El martes 27 se aprobó una ley en la Cámara de Diputados que modifica el código contravencional para imponer 25 días de arresto a quienes “crearen o difundieren noticias falsas de funcionarios públicos oficiales”, lo que inmediatamente desató el repudio de los trabajadores de prensa. Apes, asociación que nuclea a periodistas salteños hizo público su repudio a una ley que claramente es inconstitucional.

No es para menos, ya que quien va a ser el que interprete sobre si la noticia es verdad o no será el propio poder político y sus funcionarios. Como además se trata de una modificación en el régimen de contravenciones en el que la policía tiene un papel fundamental en la investigación, la recolección de pruebas y, por lo tanto, en la eventual sanción, se están otorgando poderes dictatoriales al gobierno. La ley viene a agravar un estado de coacción económica que se desarrolla sistemáticamente sobre la prensa, con el manejo de la pauta oficial, que es el principal ingreso de la mayoría de los medios.

Desde el Partido Obrero tenemos una batalla de décadas por la derogación del régimen contravencional a través del cual los gobiernos locales avanzan en todos los planos para la liquidación de los derechos individuales y colectivos y otorgan a las fuerzas de seguridad amplísimas facultades para su aplicación. Ahora se lo pretende imponer para imponer una mordaza al periodismo, antes contra los cortes de calles, la actividad cultural de los artistas callejeros o las detenciones de jóvenes masivas los fines de semana, a los que se les inventan causas contravencionales.

En el caso del gobernador Gerardo Morales en Jujuy, el último intento fue prohibir la participación de los empleados públicos en las manifestaciones o darle rango constitucional a normas contravencionales contra los cortes de ruta y las protestas.

Una vez más Sáenz dice: “yo no fui”

En medio del repudio generalizado, el ministro de gobierno Ricardo Villada salió a ponerle paños fríos al malestar y dijo que el gobernador Sáenz no estaba al tanto de la aprobación de la ley, que esperan que el Senado la modifique y si no es así será vetado ese artículo… Pero los autores de la ley (que fue aprobada con un solo voto en contra) son los popes del saencismo en Diputados, los que no mueven un dedo sin la venia oficial, los mismos que impusieron el tratamiento sobre tablas y la aprobación express de la ley antiprotestas contra la huelga de los docentes, que también establecía limitaciones a la prensa para cubrir libremente las manifestaciones populares, en nombre de “no entorpecer el accionar policial”. Ya con aquella ley, Sáenz apeló al veto parcial para maniobrar frente a la ola de repudio popular, pero dejó en pie lo sustancial de una norma claramente represiva.

Reclamamos se archive de inmediato la ley con media sanción y nos sumamos en ese sentido a los reclamos de los trabajadores de prensa.

Llamamos al pueblo a sacar todas las conclusiones del significado de esta media sanción a la ley mordaza de parte de un gobernador que se alinea con la aplicación represiva de un brutal ajuste fondomonetarista, sea de la mano de Massa, Bullrich, Rodríguez Larreta o Milei.

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