Salta: siguen las facultades represivas de la policía y se amplían las penas contra la población

La derogación de la ley 8.191 no es ningún paso adelante.

En una sesión maratónica de la Cámara de Diputados de Salta se aprobó, el martes 8 de septiembre, la prórroga de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Uno de los artículos de la ley deroga la ley 8.191, surgida del Decreto de Necesidad y Urgencia 255, con el cual el gobernador Gustavo Sáenz otorgó facultades represivas extraordinarias a la policía.

La nueva ley no solo tiene penas más gravosas que la anterior. A su turno, las sanciones por transgredir restricciones establecidas por el Comité Operativo de Emergencia (COE) se incorporan a la ley contravencional.

De esta manera, meten en la emergencia sanitaria un régimen contravencional excepcional para seguir atropellando al pueblo. La ley contravencional ya era usada con estos fines antes de la pandemia -y en muchos casos ni siquiera recurrieron a ella, sino directamente al armado de causas.

Con la ley sancionada ya no es la policía la que juzga la contravención, si no un fiscal contravencional, una figura que ya existe en la ley contravencional y nunca se puso en práctica. La acción acusatoria la realiza la policía, es la que reúne las pruebas y da testimonio contra el “contraventor”.  O sea que al fiscal le llega lo que a la policía se le canta.

Las multas establecidas en la nueva ley van de 50 a 500 días al que ingrese a la provincia sin las debidas autorizaciones. Por poner un ejemplo, la mayoría de los casos de personas que ingresaron a la provincia y tuvieron trabas de ese tipo son los trabajadores golondrina, que vuelven a sus casas como pueden. También hay trabajadores temporarios entre municipios, que necesitan volver a sus casas y no tienen quien les emita una autorización en una finca.

Habrá a su vez de 10 a 100 días de multa a quienes circulen sin permiso o fuera de los horarios. Esto ya estaba establecido en la ley anterior, y provocó cientos de atropellos contra personas que iban a pagar la luz o a trabajar como changarines/as. Se multará asimismo a quienes incumplan con las medidas de protección individual, como el uso del barbijo; vale recordar que en nombre de garantizar el uso de barbijo la policía provincial mutiló a 6 personas que perdieron un ojo.

No hay nada que reivindicar de este cambio. Organizaciones de derechos humanos vinculadas al kirchnerismo saludaron la medida, e incluso dicen que “retroceden con los superpoderes de la policía”. Pero lo único que se eliminó es la posibilidad de que litiguen planteando la inconstitucional de la ley anterior -es decir que esto es peor aún. Además, los atropellos continuarán como hasta ahora, más allá de que las sanciones no las decida ahora el jefe de policía. Para este sector, «si reprimen, que sea bajo el estado de derecho».

Esta modificación a la ley represiva fue planteada por Sáenz para forzar un acuerdo con la oposición patronal, romeristas, olmedistas y kirchneristas (estos últimos habían presentado un proyecto propio, que se limitaba a un cambio de formas y nada más).

Los kirchneristas se pliegan así a una política que, en lugar de tomar las medidas sociales y sanitarias para enfrentar la pandemia, busca imponer la «política sanitaria» por medio de la persecución judicial y represiva. Esta concesión a Saénz está en sintonía con el reforzamiento represivo por parte del gobierno nacional, el recule ante el motín policial y el sostenimiento de Sergio Berni en su puesto.

Las organizaciones de Derechos Humanos deben tener como principio la independencia política frente al estado, para que puedan ser un instrumento de los oprimidos contra el accionar de su aparato represivo.

Desde el Partido Obrero exigimos la derogación completa de la ley contravencional, viejos edictos y leyes represivas contra el pueblo. Fuera el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro. Por un plenario nacional antirrepresivo que resuelva un plan de lucha para echar a Berni, y llegar a todos los responsables de la desaparición y muerte de Facundo Castro y del encubrimiento posterior. Por un impuesto a las grandes fortunas para recomponer la salud pública y sostener a todos los trabajadores con un subsidio de $30.000, para que puedan hacer la cuarentena en su casa y no con la fuerza del garrote.

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