Salta: suspenden al fiscal de Derechos Humanos por no investigar atropellos policiales

Echan lastre para que siga la impunidad

Frente a las denuncias de víctimas de torturas y abusos por parte de la policía salteña, el Procurador general de la provincia, Abel Cornejo, informó el miércoles pasado en Diputados que sobre 2065 causas por abuso policial, torturas y apremios presentadas en un año, no hubo una sola condena. De todas estas causas, 735 fueron directamente archivadas sin que el fiscal de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey, hiciera ningún trámite. La impunidad de la policía golpeadora también estuvo garantizada, entonces, por la inacción de la fiscalía encargada de investigarla.


El balance es lapidario, pero es el mismo que se hizo sobre la actuación del fiscal de Causas Policiales y penitenciarias, hace 5 años, cuando dicha fiscalía cambió su nombre por el actual de Derechos Humanos. Estamos ante una continuidad completa en un régimen político que, con Romero, Urtubey y ahora con Sáenz se apoya en una policía inficionada por el delito, que solo sirve como fuerza de regimentación social y de represión a la lucha de los trabajadores.


Durante la reunión en Diputados, ningún legislador oficialista pudo defender la política represiva del gobernador.


El procurador Cornejo, que en el año 2001, siendo juez federal, impuso procesos judiciales y metió presos a nuestros compañeros Raineri, Gil y Barraza, por luchar junto al movimiento de desocupados contra la crisis que recaía sobre el pueblo salteño,  hoy aparenta preocupación e informó que, a partir de la auditoría realizada sobre la Fiscalía de Derechos Humanos, inició un sumario administrativo al Fiscal Titular de la dependencia.


Este régimen represivo no pudo evitar la crisis producida por las denuncias de las víctimas de Rosario de la Frontera; de las de Orán; del joven de Ballivián que perdió un ojo en un operativo policial; de vecinos sin techo y de remiseros que reclamaban frente a la legislatura provincial por el derecho al trabajo; de los vecinos del barrio La Paz, que sufrieron represión y torturas por parte de la policía. A tal efecto, las declaraciones del procurador Cornejo reflejan que el Estado empezó a echar lastre.


En la reunión, el diputado del PO, Claudio Del Plá, denunció frente a Cornejo y al resto de los diputados, el rol de la policía en las torturas y detenciones arbitrarias, los casos de gatillo fácil, y la manipulación de pruebas para encubrir a los responsables en casos emblemáticos, como el asesinato de las jóvenes francesas. Afirmó que el nombramiento del fiscal de causas policiales significó la continuidad de la descomposición policial.


Desde el PO, insistimos en la formación de una comisión investigadora parlamentaria, para ayudar a desarmar el nefasto entramado político-judicial-policial y desnudar las responsabilidades del Estado.


En la misma línea de Cornejo, el diputado olmedista y ex policía, Gustavo Orozco, tuvo que reconocer la existencia de casos de torturas por parte de las fuerzas policiales. Recordemos que Orozco ha sido acusado de torturas en Rosario de la Frontera y de entorpecer la investigación del crimen de la docente Rosa Sulca (por violencia de género), motivos por los que reclamamos la constitución de una comisión investigadora.


Para ocultar su responsabilidad, el Estado impulsa otras medidas. Un sector del kirchnerismo plantea la conformación de una comisión que investigue y alegan que sería independiente por el simple hecho de que los cargos se concursarían.


El PO en Salta ha construido una larga tradición en la lucha contra la impunidad. En 2012, denunció que la ley N° 7733 del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, era una medida encubridora de la impunidad policial. Establecía la creación de un “mecanismo provincial para la prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”. Dos años después, un organismo internacional reveló que la comisión no investigó nada. En 2017 se modificó, pasando a ser ley N°8024, e incorporó un comité cuyos miembros serían designados mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Fue presentada como la cura del régimen pero demostró su fracaso, porque el Estado no se investiga a sí mismo. Hoy en día pretenden reeditarlo.


El incremento de denuncias contra la policía y miembros de la justicia hasta la fecha, demuestran la continuidad de la represión policial amparada por el poder político y judicial.


El reconocimiento por parte de un ala del Estado de la impunidad de la policía, no  producirá ningún cambio. Por el contrario, la tarea planteada es multiplicar el movimiento, fortalecer la organización y la movilización independiente de las víctimas, como parte de la lucha para superar este régimen oligárquico que en medio de esta crisis capitalista excepcional, buscará descargar la crisis sobre los trabajadores.