San Isidro: el intendente Posse refuerza los operativos represivos en villa la Cava

Mientras se siguen sumando nuevos casos de Covid-19

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, junto a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, resolvió reforzar la presencia de Gendarmería en la villa la Cava, aumentando a 200 efectivos el despliegue en el barrio, intensificando controles en las paradas de colectivos y arterias importantes con el objetivo de “optimizar la seguridad en el barrio pero también colaborar en el cuidado y prevención sanitaria de los vecinos”.


Desde el inicio de la cuarentena venimos mencionando que este despliegue represivo deriva en casos de abuso policial, gatillo fácil y diferentes métodos de hostigamiento y amedrentamiento contra los habitantes. Los vecinos de la Cava ya pidieron la expulsión de la Gendarmería luego de que efectivos de esa fuerza ingresaran a los tiros al barrio y cometieran diferentes hechos de tortura. Luego se conoció que una vecina fue detenida ilegalmente en la Comisaría Primera, donde sufrió violencia de todo tipo, fue golpeada, obligada a desvestirse y hasta fue fotografiada por las fuerzas policiales.


En villa la Cava, donde viven más de 13.000 familias en condiciones de hacinamiento sin cloacas ni agua potable, se confirmaron más de 10 casos de Covid-19 y solo se realizaron hisopados a una parte de los que presentaron síntomas. Para colmo, el municipio ni siquiera hace llegar alimentos a las familias que están aisladas.


El objetivo del operativo represivo busca disuadir cualquier reacción popular, en un barrio donde hay cientos de nuevos desocupados y crecen los reclamos por la falta de entrega de bolsones de comida a los comedores y de productos de limpieza, por las condiciones de hacinamiento en la que se encuentran los vecinos y la falta de agua potable y la exigencia de que se realicen testeos masivos.


Denunciamos que la respuesta del municipio y el gobierno nacional a los reclamos de las barriadas sea el reforzamiento represivo. Lo que hace falta es un plan serio de urbanización y de viviendas bajo gestión de los vecinos del barrio, que el IFE sea otorgado sin ningún recorte a todo solicitante que lo necesite y se aumente su monto a 30.000, duplicar la asistencia alimentaria y la provisión de elementos de higiene y seguridad, además de la masificación de los testeos en el barrio. Para esto es necesario poner en pie un comité compuesto por los trabajadores de la Cava para discutir y organizar todos los reclamos.