Los efectivos del destacamento Campo 1 de Gendarmería Nacional, ubicado en la entrada del barrio La Cava, fueron denunciados ante el juzgado de Garantías N° 1 del distrito de San Isidro por distintos episodios de tortura entre el 30 de marzo al 7 de abril. Las víctimas denunciantes son vecinos del barrio: cuatro adultos, una adolescente de 15 años y una nena de 7 que tiene heridas de balas de goma. A raíz de la presentación, el juzgado interviniente ordenó un allanamiento a la unidad.

Los testimonios dan cuenta de un sinfín de vejámenes, que incluyen simulacros de fusilamiento, abuso sexual y amenaza de violación, golpizas durante detenciones ilegales, disparos con balas de goma y amenazas de todo tipo por parte de los uniformados (Qué Pasa Web, 13/4). Una demostración de que estos no son episodios aislados, sino toda una escalada de violencia de las fuerza represivas, es el video que difundimos días atrás donde se ve a efectivos de la Gendarmería disparando balas de goma a vecinos de La Cava para “hacer cumplir la cuarentena”; un hecho que permanece impune.

“El contacto ya era tenso, pero con la aplicación del aislamiento social obligatorio los vecinos denuncian que los efectivos aprovechan las atribuciones de esta medida para incrementar los maltratos” (Tiempo Argentino, 12/4). Las fuerzas de seguridad en las barriadas, lejos de prevenir acciones delictivas y colaborar con el “operativo sanitario”, son ellas mismas las que las ejecutan. Su función principal es  amedrentar a los vecinos, que se encuentran sumidos en la pobreza y el hambre.

Si bien a partir de estas denuncias se iniciaron investigaciones en la Justicia y en el Ministerio de Seguridad de la Nación, todavía no se conocen sanciones a los efectivos involucrados, ni siquiera fue comunicado si los implicados están desafectados de sus tareas. El intendente de San Isidro, Gustavo Posse (Juntos por el Cambio) no se posicionó frente a los hechos. El concejal del Frente de Todos, Gastón Fernández, presentó un Habeas Corpus pidiendo el pase a disponibilidad de todos los uniformados del destacamento de Campo 1, pero sin embargo se abstiene de cuestionar que este accionar crece como resultado de la política del gobierno nacional que desembarcó a las fuerzas represivas en las barriadas, y les dio carta blanca con el argumento de garantizar el aislamiento obligatorio.

Es por eso que cada vez son más las denuncias sobre represión en los barrios del Conurbano bonaerense durante la cuarentena, lo que demuestra el “protocolo de acción” esgrimido por la ministra Sabina Federic es un taparrabos. Este cuadro de situación se va a agravar con el anuncio del presidente Alberto Fernández de pasar ahora a una “cuarentena comunitaria” en las barriadas, un eufemismo para erigir ghettos donde los vecinos no puedan salir de la zona donde residen. Esta iniciativa refuerza el control de las fuerzas represivas, porque buscan disuadir cualquier reacción popular ante el crecimiento de la miseria, mientras postergan el pago del insuficiente subsidio de $10.000 (IFE) y se agudiza el déficit de la asistencia alimentaria.

Para enfrentar esta política es necesario poner en pie comisiones de vecinos de La Cava para organizar el reclamo por un subsidio al desocupado de $30.000, por asistencia alimentaria e insumos de higiene bajo control popular, para expulsar a la Gendarmería del barrio y que paguen los efectivo que cometieron estos atropellos.