San Juan: avanzada del gobierno para considerar delito a los cortes de calle

Uñac, el mejor alumno de Macri, Bullrich y Pichetto

El ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Armando Sánchez, convocó una reunión con representantes de organizaciones sociales para informarles que, a partir del miércoles 7 de noviembre, por decisión del gobernador de la provincia, el presidenciable Sergio Uñac (PJ), los cortes de calles serán considerados delitos, dando intervención al Juzgado de Flagrancia.


Es un virtual estado de sitio, en momentos que crece la pobreza y la desocupación y que se preparan para aplicar el ajuste en toda su dimensión, con el recorte de las partidas presupuestarias en las áreas de mayor impacto entre los trabajadores ocupados y desocupados, como salud y educación.


Con la nueva disposición, pretenden amordazar a los trabajadores y a los sectores populares. San Juan ya tiene limitada la libertad, dado que no se pueden pintar paredes o pegar carteles. En la mayoría de los Departamentos hay que pedir permiso para repartir materiales y en algunas plazas está prohibido todo tipo de actividad política. En febrero de este año detuvieron a cinco militantes del MST que participaban de una marcha educativa, contra los cierres de cursos, y que se solidarizaron con quienes reclamaban por viviendas. Dos de ellos fueron condenados en juicios exprés en el juzgado de flagrancia.


El gobierno de la provincia ha firmado el acuerdo fiscal con adenda incluida y negoció el voto de los diputados nacionales en la aprobación del presupuesto de ajuste del FMI a cambio de 4 obras, la concreción de las cuales ni siquiera está asegurada.


Debemos dar una respuesta de conjunto. El sábado está convocada una reunión para discutir la situación, vamos a plantear que debemos movilizar por las reivindicaciones más urgentes y hacer retroceder al gobierno en su pretensión de sacarnos de las calles.


No a la criminalización de la protesta social. Abajo el presupuesto de Macri, el FMI y Uñac. Basta de despidos, trabajo genuino mediante un plan de obras públicas. Aumento en los planes sociales. No a la reforma laboral y previsional. Aumento de emergencia en las jubilaciones. Reapertura de paritarias, por un salario igual a la canasta familiar.