Los compañeros Juan Manuel Valentín, Diego Barrionuevo y Hugo Jerez forman parte de la lista de dirigentes que han sido imputados y procesados por la justicia de Santa Cruz bajo presión del poder político y, por ello, es necesario repudiar enérgicamente este accionar.

Desde el Partido Obrero queremos rechazar públicamente esta burda maniobra del gobierno de criminalizar la protesta social para encubrir el enorme ataque que están llevando adelante contra los trabajadores de la provincia.

Así lo demuestra el fiscal de Estado Tanarro, quien intenta desvincular el reclamo frente a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner (2017) de las decenas de movilizaciones y acampes que se habían producido pidiendo que se abra una paritaria salarial que al día de la fecha no ha llegado,  el kirchnerismo continúa congelando el salario de los docentes y recorta el poder adquisitivo de los trabajadores con sumas en negro, al mismo tiempo, da aumentos en blanco a los cargos políticos.

A la gobernadora no le alcanzó con la felicitación pública que le extendió el ministro Rogelio Frigerio en el programa de Mirtha Legrand por mantener congelados los salarios en Santa Cruz, sino que ahora se suma la criminalización de dirigentes sociales y políticos. El clan K está dispuesto a hacer todos los deberes.

Sin embargo, si el gobierno considera que con esto va a frenar la conflictividad social que impera en la provincia está muy equivocado. El nivel de atraso salarial, las pésimas condiciones laborales y de estudio, el deterioro de la obra social y del sistema de salud en general, el ataque que preparan contra el régimen jubilatorio y el agravamiento de las condiciones de vida en que han sumido a la clase trabajadora excede a cualquier dirigente. Más temprano que tarde, el pueblo retomará las calles y hará escuchar su descontento.

La forma de solucionar los problemas de la provincia es pagando un salario mínimo equivalente a la canasta familiar para que cada trabajador pueda colocar un plato de comida en la mesa y enviar a sus hijos a los colegios, más aún cuando siguen ingresando fondos a las arcas de la provincia y en lugar de trasladarlos al bolsillo del trabajador, se esconde su uso.

Llamamos a las organizaciones a repudiar esta judicialización intimidatoria y distraccionista del gobierno y sobre la base de ese repudio a organizar asambleas en los lugares de trabajo para discutir que este gobierno, que tiene la plata, nos otorgue la recomposición salarial que los trabajadores necesitamos para vivir dignamente.