El juez de recursos rechazó la pretensión del fiscal de Estado para procesar a los dirigentes gremiales imputados por los delitos de daño agravado y amenazas y redujo los embargos de 100 mil a 60 mil pesos. Solo confirmó el procesamiento por “violación de domicilio”.

A mediados de 2018 se supo que el fiscal de Estado por orden expresa del gobierno de la provincia de Santa Cruz había solicitado el procesamiento de Diego Barrionuevo, dirigente de Adosac, y de los dirigentes de la CTA Santa Cruz, Claudio Wasquin, Gabriela Ance y Juan Valentín, estos dos últimos militantes del Partido Obrero. Por ese entonces, el fiscal Tanarrro solicitó que se impute a los acusados bajo la figura de ataque masivo a la residencia de la Gobernadora, daño calificado y violación de domicilio. De las 3 acusaciones la jueza sólo hizo lugar a investigar la tercera, ya que el fiscal no reunía elementos para hacer las dos primeras acusaciones. La acusación comenzaba a caerse a pedazos.

Luego de las indagatorias vinieron las apelaciones, donde el fiscal insistió con la acusación de daños agravados y fue nuevamente desestimado. Incluso intentó ir más lejos acusando a Valentín de amenazas, solicitud que también fue rechazada por no haber sido presentada en la acusación original frente a la jueza y por no obrar en el expediente prueba alguna en tal sentido.

Por su parte, el juez hizo lugar a la reducción del embargo de 100 mil a 60 mil pesos solicitada por la defensa, por considerar que la acusación que pesa sobre los imputados no reviste mayor gravedad. Con el fallo del Dr. Sánchez, otro pedazo de la acusación se vino abajo.

Reiteramos pedido de derecho a réplica

Aun cuando la figura de ataque masivo se cayó desde el primer momento, algunos medios de comunicación insisten en titular que es “la causa del ataque a Alicia y Cristina”, lo cual demuestra que se trata de una pura persecución política que se ha montado para criminalizar a los que luchan.

Hace unos meses el diario La Opinión Austral manifestaba exactamente lo contrario de lo resuelto por el Dr. Sánchez, juez de Recursos, afirmando que estaba probado el delito de amenazas consumado -según este medio-, por Juan Valentín. En ese momento, mediante nota formal, Valentín solicitó derecho a réplica ante la calumnia que el medio hacía pesar sobre su persona, pero La Opinión nunca lo habilitó. Ahora, con el fallo judicial en nuestras manos, reiteramos la solicitud de derecho a réplica al diario que publicó una nota con falsedades y al día de la fecha no ha desmentido ni ha permitido el derecho a réplica de Juan Manuel Valentín.

El Partido Obrero está comprometido en la defensa irrestricta de los compañeros y en derrotar esta causa que no es más que un intento de amedrentar a los trabajadores que luchan por sus derechos y reivindicaciones.

 

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