El martes 29 de octubre ocurrió un hecho gravísimo en el barrio de Guadalupe, de Santa Fe capital, que terminó con el asesinato de Lautaro Saucedo, de 17 años, a manos de la policía.

El joven había intentado robarle la cartera a una mujer, que se resistió y le entregó en cambio solo su monedero. En un video que luego se viralizó se ve claramente la secuencia, en la que no hubo violencia física ni uso de armas de fuego. El  suboficial Francisco Olivares de la Policía Federal, que no se encontraba uniformado y estaba fuera de su horario de servicio, interceptó al adolescente y le disparó por la espalda a unos 50 metros de distancia. Según información periodística, ni siquiera levantó la voz de alto, ni se identificó como policía. Olivares, con un extenso prontuario de sanciones por apremios ilegales, se encuentra ahora detenido con prisión preventiva

El hecho se dio en una provincia atravesada por denuncias de gatillo fácil contra la juventud, sumida en una situación social desesperante por la desocupación y la pobreza. Rosario y el Gran Santa Fe están al tope de los rankings de desempleo, y sobre esta realidad operan las fuerzas estatales regenteando una mano de obra delictiva y el narcotráfico que prolifera en la provincia, conectada por los enormes puertos privados con Europa.

En base a ello se ha popularizado el mote de “narco policía”. Varios miembros de la cúpula de la Policía Federal han sido detenidos o investigados por su relación con el narcotráfico, como sucede con el jefe de la Policía Federal, Mariano Valdés, desplazado tras revelarse que se había autodisparado para encubrir un operativo en colaboración con una banda narco.

La brutalidad policial  muestra también la  adaptación de la política del Frente Progresista a la del macrismo, aplicando la "doctrina Chocobar" de la ministra Patricia Bullrich. Tanto es así que el ministro de Seguridad, Máximo Pullaro, ha encubierto a los policías sindicados como responsables de casos de gatillo fácil  (Jonathan Herrera, Franco Casco, David y Ema). De hecho, se han trazado líneas de trabajo en común con el gobierno de Macri, como el Operativo Cosecha Segura o el ingreso de Gendarmería a los barrios de Rosario.

Contra la brutalidad policial, exigimos el juicio y castigo al suboficial Olivares y a todos los responsables del gatillo fácil. Llamamos a movilizar enérgicamente en la próxima Marcha de la Gorra, el día jueves 28 en Plaza 25 de Mayo (Rosario), en repudio a la persecución y criminalización de la juventud.