El 27 de mayo, a siete años del asesinato de Raúl Domínguez, se realizó una numerosa marcha, con cerca de 500 concurrentes, convocada por la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad. Adhirieron distintas organizaciones, entre ellas el Partido Obrero, Izquierda Socialista y Libres del Sur. Domínguez era un trabajador de la dirección de Rentas que fue secuestrado, torturado, muerto y mutilado por denunciar a una mafia que estafaba sistemáticamente al Estado provincial.

 

En la campaña previa e incluso en la misma marcha, se fueron sumando nuevos casos de víctimas de la impunidad a la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, que ha tomado nueva vitalidad. Hicieron uso de la palabra Milton Domínguez, hijo de Raúl Domínguez y militante del PO, quien hizo una implacable denuncia de la complicidad del régimen político encabezado por el vicepresidente del Senado de la Nación, Gerardo Zamora. Milton denunció el encubrimiento político y los sistemáticos ascensos que recibieron los encubridores. Además, denunció la continuidad de la corrupción estatal con los fondos públicos, en detrimento de los intereses populares. También fueron importantes las palabras de Gina Melián, cuyo hijo Ezequiel fue asesinado por la policía en una cancha de fútbol, quien denunció: "la Intervención Federal nos prometió un ‘Santiago Nuevo' después de la caída de Juárez, pero miren lo que es Santiago ahora, estamos llenos de familiares mendigando justicia por sus muertos".

 

La semana anterior se habían cumplido 8 meses del asesinato del joven trabajador Tino Farías a manos de la policía, y la comisión, acompañada por una delegación del Frente de Izquierda (entre ellos, la diputada Andrea Ruiz -PO-, Maximiliano Jozami -PO- y Anisa Favoretti -IS-), había realizado una concentración frente a Tribunales exigiendo una audiencia con el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Finalmente, esta audiencia tuvo lugar el 29 de mayo. La Comisión hizo una denuncia de la dilación de justicia y el encubrimiento en distintos casos. El presidente del STJ tuvo que dar la razón a los familiares, manifestando que el caso Domínguez "es una atrocidad y un estigma para nuestra provincia", e incluso aportando nuevos datos sobre el crimen (por ejemplo, que hay un automóvil secuestrado en el que se habría transportado a la víctima, y reconociendo que hasta el día de hoy la Justicia ha sido incapaz siquiera de realizar pericias que identifiquen el motivo de la muerte de Domínguez).

 

Tras años de impunidad, los familiares no depositan confianza alguna en las autoridades, y consideran que se trata de un avance obtenido gracias a la permanente movilización. Por eso, se plantean mantener las medidas de lucha. El mes entrante se plantea la realización de una audiencia pública en la legislatura provincial, impulsada por la banca del Frente de Izquierda, para recibir denuncias de todos los casos de impunidad en la provincia, y exigir la declaración de la Emergencia de Derechos Humanos en Santiago del Estero.