Santiago del Estero: repudiamos los fallos de la Megacausa II

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El pasado 19, se conoció el fallo de la «Megacausa II» (segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero). Las organizaciones que fueron a escuchar el fallo sufrieron una gran decepción por las bajas condenas y las absoluciones.

Sólo fue condenado a perpetua, por su rol de jefe de la infame Dirección de Informaciones Policiales (DIP), el represor Musa Azar, quien ya tenía otras condenas. Su segundo en la DIP, Tomás Garbi, fue condenado a 25 años; el resto de los imputados recibió condenas menores y hasta irrisorias. Marta Cejas, ex esposa de Musa Azar -quien también actuaba en la DIP y en el Penal de Mujeres- fue condenada a prisión condicional (tres años), al igual que el ex policía Pedro Ledesma (dos años). Ambos permanecen en libertad y caminan impunemente por nuestras calles.

Durante el proceso quedó en evidencia que importantes funcionarios de la «democracia», así como de la Iglesia, tuvieron un rol destacado en el genocidio perpetrado entre 1976 y 1983: «el tribunal remitió al Ministerio Público Fiscal copias de actuaciones en las que las víctimas de la represión mencionaron a la ex gobernadora Mercedes ‘Nina’ Aragonés de Juárez, los ex jueces Arturo Liendo Roca, Santiago Olmedo, la secretaria Lorna Hernández, el cura párroco Carlos Marozzi y el ex militar Hugo Badecich, entre otros» (El Liberal, 19/12). Según los testimonios, los jueces presenciaron y avalaron tormentos, «careos» bajo tortura e hicieron firmar declaraciones falsas, etc. A su vez, la iglesia del cura Marozzi habría funcionado directamente como centro clandestino de detención.

La ligazón entre la dictadura y la «democracia» reviste una actualidad política enorme. Musa Azar fue el jefe del aparato de espionaje «democrático», en el que revistaba todo el personal de la dictadura, hasta la caída del gobierno de Juárez y «Nina». Zamora, que rindió homenaje a Juárez en su muerte, mantuvo el aparato represivo intacto, e incluso fortalecido. La persecución política, los crímenes de «hijos del poder», las «guardias blancas» en el campo y los crímenes políticos están vigentes en la provincia. Baste mencionar la tortura y asesinato de Raúl Domínguez (trabajador de rentas que había denunciado grandes negociados) y Gabriela Orozco (periodista de investigación).

Recientemente, fue detenido durante una semana el periodista Juan Pablo Suárez, del periódico Última Hora, acusado arbitrariamente de «sedición» por cubrir una protesta policial contra el gobierno.

Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, hemos hecho público nuestro repudio al fallo y llamamos a toda la población a seguir organizándonos y movilizarnos para revertirlo, y que los torturadores vayan presos, en cárcel común, junto al reclamo por el desprocesamiento de Juan Pablo Suárez.

Andrea Ruiz (diputada provincial)

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